SIN LEY

Para el ministro de Gobernación (antes Interior), Jorge Fernández Díaz,"la policía cumplió la ley" en su actuación. Para la Gobernadora de Madrid (antes Delegada del Gobierno) la actuación policial fue "proporcional" y "muy profesional".

Dice el art. 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS) que los principios básicos de actuación de las mismas son:

1. b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión.

 

2. a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.

 

2. b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos

 

3. a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención.

 

3. b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas.

 

Dice el art. 20 de  la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC):

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
 

 

Dice el Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía:

Art. 18.- Todos los uniformes llevarán obligatoriamente la placa-emblema del Cuerpo, con indicación del número de identificación personal, en el pecho, por encima del bolsillo superior derecho de la prenda de uniformidad.

Art. 19.Dos.- El personal que vista uniforme reglamentario llevará el carné profesional, y en el uniforme, la placa-emblema con el número identificativo personal.

Art. 21. Dos. Los funcionarios que realizan servicio de uniforme acreditarán su condición de Agentes de la Autoridad con el mismo. No obstante, llevarán obligatoriamente el carné profesional, que será exhibido cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos, con motivo de sus actuaciones policiales.
 

(Incidente con la identificación desde el minuto 1.55. En el 3.07 el policía le contesta que, en vez de su identificación, le va "a dar otra cosa")

DOS GOLPES

Quienes hoy mismo califican como golpe de Estado una manifestación pacífica para reivindicar la devolución de la soberanía popular robada por ellos mismos, han dado, en menos de un año, dos golpes de Estado contra esa democracia que ya pronuncian con deje aristocrático. El primero, en sólo un mes, del 26 de agosto de 2011, en que los grupos parlamentarios Popular y Socialista propusieron conjuntamente reformar con urgencia el artículo 135 de la Constitución, hasta el 27 de septiembre, en que se publicó en BOE esa reforma. Esa verdadera enmienda a la totalidad de la Constitución, sin que la trascendencia de su cambio pasara por la obligación de un referendum, dice que ninguna de las Administraciones Públicas “podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”. Es decir, desde entonces, están supeditando todos los gastos, derechos adquiridos y la misma soberanía popular, a algo que decidirá en algún lugar de Europa alguien que nadie ha elegido. El segundo golpe de Estado, se da casi cada viernes, desde la investidura del gobierno popular. Si la “soberanía nacional reside en el pueblo español” y “Las Cortes Generales representan al pueblo español”, sólo serán legítimas en cuanto ejerzan sin malversación esa representación. En una democracia representativa, que es el modelo de participación limitada en el que supuestamente nos encontramos, esos diputados y senadores se eligen para que nos representen, de acuerdo con las soluciones e ideas (ideología) ofertadas en campaña electoral. Se eligen para que hagan lo que la mayoría social decida, aunque esa mayoría se equivoque, o se mueva por simple empatía. Si hacen reiteradamente todo lo contrario a aquello para lo que fueron elegidos (no subir los impuestos, no abaratar el despido, mantener el salario en la Función Pública, no dar una amnistía fiscal, no recortar en sanidad ni educación, no implantar el copago, no recibir “órdenes” desde Europa, etc.) no están representando la voluntad de quienes los eligieron. No sólo pierden la legitimidad, que no es un cheque en blanco por cuatro años, sino que gobiernan contra esa soberanía de quienes los eligieron. El diccionario define golpe de Estado como una “violación deliberada de las normas constitucionales de un país y sustitución de su gobierno”.

 

Para quienes les asuste nombrar así a este golpismo desde dentro, llamarles la atención de que, hoy mismo, se han practicado actuaciones propias de una dictadura contra una manifestación, no se olvide, autorizada por el propio gobierno: detención de autobuses que se dirigían a la misma, cacheos con perros de sus ocupantes, identificaciones arbitrarias, francotiradores en azoteas, ostentación del incumplimiento legal de identificación visible de los policías hecha por el secretario general de su sindicato autocalificado de progresista, cargas coactivas, otra vez heridos sangrando como imagen del derecho de reunión en este país y, por supuesto, ausencia de responsables. Y, como en los regímenes dictatoriales, se acude al desprestigio personal de los disidentes (nazis nos ha llamado Cospedal), o los gobernantes llegan a identificarse con la totalidad del Estado, como ha hecho Gallardón, el ministro de Injusticias, para quien discutirle su legitimidad es cuestionar también “la del pueblo español para proceder a unas elecciones democráticas”. Aquí sólo se aceptan sugerencias de la Troika. Sólo que a este gobierno colaboracionista de Vichy se le empieza a atragantar la Resistencia.

Manuel J. Ruiz Torres