No sé qué celebra hoy la prensa de la derecha de una sentencia, la del Prestige, que declara la impunidad en la mayor tragedia que se recuerda del medio ambiente en España. Salvo que celebren su propia impunidad, no se entiende esa alegría que nos deja a todos (a los suyos, a los de los otros y a los de nadie) indefensos ante cualquier otra desgracia futura.
Con este precedente, no habrá responsabilidad alguna en quien decida, en adelante, para hacer mayor negocio, prescindir de medidas de seguridad o tomar decisiones temerarias, en una fábrica, en un superpetrolero o en una balsa de residuos tóxicos. Todo quedará legalmente protegido por el manto del azar y por el conformismo de las desgracias inevitables, como si la ciencia no hubiese avanzado en estos siglos, no sólo para construir peligros cada vez más considerables sino, en lo posible, para preverlos y corregirlos. La sentencia tiene un fundamento de resignación ante la calamidad que acongoja. Para absolver a los responsables, técnicos y políticos incompetentes en su soberbia, se condena a la ignominia a todos nosotros, se nos pone en verdadero peligro. Porque esa sentencia acaba de derogar, de hecho, toda la legislación medioambiental del Estado. En ese camino, no extrañan las pequeñas mezquindades, los ajustes de cuentas. Se injuria, se ridiculiza y se menosprecia a quienes allí protagonizaron también la mayor y más hermosa muestra de solidaridad e implicación en la defensa de la tierra, voluntarios y voluntarias que limpiaron de chapapote las playas de esa costa (hoy más que nunca de la Muerte). Según la portavoz popular de Medio Ambiente en el Congreso, “los voluntarios no limpiaron nada”. Asunto acabado.
