Los Peligros

LA INTIMIDACIÓN COMO POLÍTICA

2012-02-21T15:48:00.001-08:00

La brutalísima carga policial contra menores, ayer en Valencia, no es una acción aislada, ni una puntual salida de madre de unos señores con una profunda equivocación de su función profesional, sino expresión de un sentido patrimonial y excluyente de cómo se quiere gobernar un país. Cuando alguien se cree en posesión de la verdad, incluyendo sus matices, cualquier opinión contraria se percibe como una agresión. Y, como tal, debe ser tratada. La protesta pasa a ser calificada, incluso penalmente, como atentado. Y a quienes expresan una opinión contraria se les descalifica como poco menos que terroristas, aplicándoseles a esos detenidos las mismas condiciones de aislamiento previstas para casos muy-muy delimitados. También a mí me gustaría pensar que exagero. Pero, en pocas semanas, hemos visto como la policía entraba en la Universidad de Cádiz y en un Instituto de Valencia, para callar, a las bravas, protestas pacíficas, con el argumento (o argumentario, deberíamos decir mejor, porque tanta similitud parece sospechosa) de responder a supuestas agresiones que después no aparecen en ningún video, a pesar de que se incauta cualquier documento gráfico que pudiera aclarar lo que, en cada caso, realmente sucede. Sí vemos, en cambio, violencia, saña y enorme desproporción en quienes se encargan de darle forma contundente a las órdenes que reciben. Al parecer, pedir que enciendan la calefacción en los institutos del mayor pudridero político de este país, la Comunidad Valenciana, ya es motivo suficiente para abrir unas cuantas cabezas.

Pero la represión, incluso tan indiscriminada, no sería suficiente como acción política desmovilizadora de la sociedad, si no se acompaña de otras formas de amedrentar. Se empieza con la descalificación. Ante el riesgo de que se reciba con simpatía a quienes ocuparon un Valcárcel abandonado por los intereses bastardos de la política más miserable, se les tacha simplemente de abertzales, como hizo ese Subdelegado que, para unas cosas, no estaba aún en el cargo, y para otras, se creyó completo el Crimen y Castigo que le pusieron por delante; ante las imágenes de niños y niñas apaleados que, de tan naturalistas hasta ofenden la sensibilidad caritativa de tantos votantes de ese mismo orden final, salta esa señoría a quien le parece “habitual” recibir costosos regalos por su cargo municipal y despacha el asunto reduciendo el asunto a una cosa de radicales. Que, para ella, debe ser de lo peor que se puede ser. Sólo superada por quien mandó esa descarga de testosterona gangrenada, la todavía Subdelegada del Gobierno, para la que, por lo visto, meter el escudo en la garganta de una niña de doce años –radical, eso sí-, o provocar decenas de personas heridas es “una anécdota”. Es la misma estrategia de desprestigio ya empezada con los sindicatos, desde hace años, señalados como vagos y vividores de las subvenciones públicas. Aunque éstas sólo supongan, con datos de mediados del 2011, 15,7 millones de euros. Que es, por cierto, casi lo mismo que, en ese año, cobraron los curas que trabajan en instituciones públicas como hospitales, cárceles y el ejército, 15 millones. Y muy-muy lejos de los 600 millones pagados a los profesores de religión, o los 252 millones que recibió directamente la Iglesia Católica. Pero hay que acabar con el escándalo de los sindicatos y su abuso de horas liberadas, como nos repiten esas empresas privadas de prensa escrita y las televisiones privadas, que también reciben 360 millones de euros de dinero público.

Aporreados, calumniados, el siguiente paso intimidatorio es el empleo de la detención como castigo. En ninguno de los dos casos, ni en Cádiz ni en Valencia, se procedió a la inmediata puesta a disposición judicial, como parecía sugerir la envergadura de los supuestos delitos o el nulo peligro de fuga. En su lugar, los detenidos pasaron la noche y buena parte del día siguiente en calabozos de comisaría, una pena anticipada que ya nadie les quitará aunque un juzgado los declarase finalmente inocentes. Es muy extensa la jurisprudencia que protege contra los excesos de la prisión preventiva. Un ex juez tan poco sospechoso de progresista como Javier Gómez de Liaño denunciaba su mal uso como instrumento de venganza social. Es el paso que va de considerar a los ciudadanos críticos en enemigos, como dijo quien todavía es responsable de la seguridad de sus amigos y, al menos por su cargo, se supone que también de sus enemigos. Como clarísima intimidación es también la escandalosa noticia de que, en Valencia, se incautaran los partes de lesiones en un hospital. Esos datos de apaleados, información médica confidencial además, están ahora en manos de la misma policía a quien denuncian. Porque este círculo de amedrentamientos sólo puede cerrarse con la impunidad de quienes ejecutan esas órdenes. Sigue sin cumplirse, de forma bastante generalizada, la obligación de llevar la identificación pasiva bien visible, según el Real Decreto 1484/1987, “con la placa-emblema, con indicación del número de identificación personal, en el pecho, por encima del bolsillo superior derecho de la prenda de uniformidad”. Además, en el mismo Decreto, “llevarán obligatoriamente el carné profesional, que será exhibido cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos, con motivo de sus actuaciones policiales”. No sólo se incumple sino que, algunos detenidos manifiestan que esa detención se produjo sólo por pedir esa identificación. Como también es cierto que incumplir esa obligación de identificación pasiva y activa no se establece luego como falta disciplinaria en el Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, con rango de Ley Orgánica, nada menos. Permisividad, pues, del mismísimo Estado.

Sólo que, quizás, quiero creer que de tan exagerada sobreactuación va a ser que se equivoquen de estrategia. Y lo que pretende asustar y dejar en la resignación de sus vidas a la mayoría entregada, pueda tener un efecto contrario. Y haya más personas que vean detrás de los desconchones de esta democracia las injusticias que le asoman. Y las protestas sean entonces para acabar con todo este tinglado basado en la violencia.

LA FOSA COMÚN DE LA TRANSICIÓN

2012-02-12T16:38:00.000-08:00

Lo peor de la transición política española es que no estableció un referente moral de lo que está bien y de lo que es intolerable. Cuando la oposición a la dictadura clamaba por una ruptura, que era una simple cuestión de justicia y, desde luego, de imprescindible higiene del poder, los continuadores de esa dictadura vendieron su propia supervivencia como una grandísima lección de generosidad. Para esa pantomima se presentaron como domesticadores de los salvajes que, más a su derecha -decían- o en el seno de un ejército todavía del bando nacional, no estaban dispuestos a hacer concesiones. La izquierda timorata los aceptó como mal menor y, en el lote, todas las grandes instituciones surgidas de las faldas del mismísimo Franco quedaron, no sólo asumidas sino presentadas como llenas de gracia. Desde la Monarquía a la Judicatura, desde la guerra sucia de la Dirección General de Seguridad hasta la Unión de Centro Democrático, que les puso piso a todos e hizo funcionarios a los instructores de Falange y funcionarias a las niñas de la Sección Femenina. Pero lo peor, ya digo, es que nadie planteó siquiera una condena moral de lo que había sido una meticulosa política de exterminio del enemigo político, con asesinatos, cárceles, depuraciones que dejaron sin trabajo a disidentes o los condenaron al desolador exilio. A quienes, todavía hoy, aplauden esos métodos –desde el escenario de un concurso carnavalesco, que ya hay que ser imbécil para no entender donde está uno, o desde el puesto de pescados que tan ufano rebana cuellos de pescadillas, qué tiempos, bajo la advocación del santón generalísimo-, a esos y esas que añoran aquella mano dura, ya los querría ver justificar aquella política de los apolíticos, si les afectara en propia sangre. Si la democracia que tanto denostan los tratara como proponen para los demás.

Como no hubo condena, este país no se unió entonces en un proyecto común sino en la resignación. Y ya son muchos años de conformarse. Si una familia sólo reclama su derecho a encontrar a sus muertos y enterrarlos, aún sabiendo quien fue su verdugo, no falta quien, desde las derechas, lo acusa de reabrir viejas heridas. Pero no las reabre la familia que pone el nombre de su padre fascista, y rico ladrón por lo mismo, a un nuevo conjunto de edificios, construido en tierra municipal, con la aquiescencia de un régimen corrupto en esencia pero que, aún hoy, se permite dar credenciales de honestidad y se escandaliza de las corrupciones de los demás. Es intolerable, lo de los demás. Que diría Arenas. Ya han pasado treinta y siete años de que muerto el perro nos siga contagiando su rabia. El régimen se autoamnistió en su impunidad, aunque en las portadas de los periódicos, incluso progresistas –banderas victoriosas-, eran los rojos los que salían de las cárceles o regresaban de tierras lejanas donde dejaban para siempre hijos, hijas, media vida recompuesta. Se elaboró una Constitución de mínimos, que todavía celebramos con un festivo, incluyendo a aquellos personajes que hicieron todo lo posible por recortarla aún más; gente como Fraga que incluyó en el texto sus exigencias reaccionarias y sus amenazas de romper ese consenso del chantaje, y que, todavía hoy, en este enorme ejercicio de desmemoria y frivolidad, se sigue venerando como un padre más de la democracia, doctor honoris causa de la Universidad de Cádiz.

La memoria les molesta mucho. Se entierra a paletadas. De aquella corrupción generalizada vienen éstas. Todas. Se creó escuela y, además, nadie dijo que poner el Estado al servicio personal, política y económicamente, estuviera mal. Ni siquiera se dijo que estaba feo, en aquella gran fosa séptica de la reconciliación nacional. Habla pueblo, habla. Ya nadie se acuerda de que, en 1990, todo el país pudo oír unas cintas donde diversos cargos políticos del Partido Popular admitían la financiación ilegal del partido y, de paso, su propia rebañadura. Se detuvo al tesorero del PP Eugenio Naseiro. En una de esas cintas, el entonces presidente de la Diputación valenciana admitía, hablando con Zaplana, que “estaba en política para forrarse”. Las cintas las anuló el Tribunal Supremo al considerar que estas “habían vulnerado derechos fundamentales”, denostando al juez que sacó el caso, Manglana. Uno de los implicados llegó a presentarse como paciente del psiquiatra López-Ibor, para señalar al juez como un desalmado que presiona a un testigo hasta un extremo intolerable. Ya entonces Federico Trillo llevaba la asesoría legal del Partido. El mismo Zaplana siguió, después, su personal calvario: de presidente de la Generalitat valenciana a ministro de España y, de ahí, a Delegado para Europa de la multinacional española Telefónica, privatizada por Aznar, con un sueldo de 600.000 euros anuales. Su nombre ha sonado como nuevo imparcial director de la televisión pública. Pero lo ha negado. Pagan poco. A quien le siguió en la autonomía valenciana, Camps, le hemos oído agradecer regalos a los mismos que después ganaban sus concursos, pero un jurado popular ya nos ha convencido de que no hemos oído lo que hemos oído. Les das un móvil y se creen que están en la función de fin de curso representando Alí Babá en la cueva de Lehman Brothers. Representando, he dicho. Su abogado es Javier Boix, el mismo prestigioso penalista que consiguió anular las cintas del caso Naseiro.

Ahora, una sentencia del mismo Tribunal Supremo condena al juez Garzón que instruía otro caso de corrupción del Partido Popular. Como la sentencia declara ilegal las escuchas, pronto se anularán las cintas que todo el país hemos escuchado y les saldrá gratis el botín robado. El asesor jurídico del Partido Popular sigue siendo Trillo, al que ni siquiera citaron como testigo en el juicio del caso Yakovlev, a pesar de que intervinientes en el juicio lo señalaron como quien dio orden de que se dieran prisa en las identificaciones de los cadáveres. Y todo este escándalo estalla en los mismos días, qué sarcasmo, que se declara la barra libre del despido. Mandar más gente al paro para acabar con el paro. Ya ni se molestan en ponerle un poco de literatura edulcorada a sus negocios.

Diez años después, 2001, y lo cuento a efectos puramente cronológicos, líbreme el cielo de hacer una correlación causa-efecto, se modificó el sistema de elección del Consejo del Poder Judicial. Desde entonces fueron las asociaciones profesionales quienes proponían a sus candidatos y, entre ellos, el Parlamento escogía a los doce jueces y magistrados. Con mayoría absoluta, el Partido Popular escogió una mayoría equivalente en ese Poder Judicial que, al acabar su mandato, con las elecciones perdidas, se negó a renovar. En ese tiempo, la inmensa mayoría de los nombramientos de ese Poder Independiente del Estado, desde Montesquieu, (los magistrados del Supremo, los presidentes de Tribunales de Justicia autonómicos y los jefes de las distintas salas de la Audiencia Nacional), fueron candidatos conservadores. En la importante Sala Segunda del Supremo, que juzga a políticos y jueces relevantes, entre 1996 y 2004, en las dos legislaturas de Aznar, de los once nombramientos realizados ocho magistrados son conservadores. En esos años, Trillo siguió llevando la estrategia legal del PP, compatibilizándolo con un cargo institucional, primero como presidente del Congreso y después como ministro de Defensa.

El nuevo ministro popular de Justicia acaba de anunciar una reforma para volver al viejo modelo de nombramientos de jueces. Para acabar con la politización de la justicia.

EL PARTIDO SOCIALISTA Y VALCÁRCEL RECUPERADO

2012-01-16T10:14:00.000-08:00

Cuando ya han pasado seis días del desalojo del edificio Valcárcel y cuatro de la brutal intervención policial dentro de un recinto universitario, el Partido Socialista de Cádiz aún no ha dicho nada. No sé si porque no tiene una opinión al respecto, porque cree que no es asunto suyo sino de quien gobierna o porque alguien quiere nadar y guardar la ropa en unos momentos en que pronunciarse, en un sentido u otro, quizás suponga molestar a alguien, que bien podría ser un potencial votante tibio. Cualquiera de las tres opciones me parece lamentable. Suponen claudicar de una obligación moral que va más allá de las puntuales elecciones que, cada cierto tiempo, deben ganar para “evitar la llegada de la derecha”, en cita textual del candidato a las próximas. Vaya por delante que no comparto, en absoluto, ese sambenito de que el Partido Socialista sea tan de derechas como el Popular, ni que estén en la misma orilla. Y no lo creo porque sería faltarle el respeto a la mucha ciudadanía que lo vota y a buena parte de la militancia que trabaja desde allí sin ambiciones propias, que sienten la misma vehemencia ante las injusticias, la misma exigencia de transformaciones rotundas, el mismo resquemor indignado de todas las izquierdas ante el crecido envalentonamiento de quienes nos roban la cartera, la aplicación cotidiana de las libertades o los pequeños espacios de moral propia, presentándose después como salvadores de las ruinas provocadas por ellos mismos. Sólo que esas bases socialistas tienen que explicar, además, la vergüenza del permanente posibilismo con el que sus dirigentes afrontan la gestión de los problemas, posponiendo para una mejor ocasión, para la que no encuentran momento, el imponerle el bien público a la banca, castigar las agresiones policiales a las libertades o garantizar que ninguna Iglesia imponga su adoctrinamiento a quienes no lo quieran. No son proclamas revolucionarias, aunque terminarán siéndolo; caben incluso en esta Constitución tan cortita y tan de consenso, y las repiten, con variantes, en todas las elecciones. Pero siempre, dicen, la realidad que encuentran termina por aplazarlas. Para las próximas. Porque viene la derecha.

Lo malo es cuando la derecha ya está aquí, una vez asumidos sus mismos valores, que, en lo fundamental, se resumen en la resignación ante lo conocido, por muy mal que nos vaya, y en la pesimista desconfianza en las posibilidades humanas, tanto para lograr lo que se merece como para hacerlo con bondad colectiva. Esa bondad, palabra que ya escribirla chirría de tan ridiculizada como han conseguido presentárnosla, no es más que la tendencia natural a hacer el bien, que sólo es tal si es el de la mayoría. ¿En qué momento el Partido Socialista aparcó su ideología para convertirse en dulcificadores de la resignación? ¿En qué momento aquella ilusionada y pujante muchachada que traía sus propios valores solidarios de transformación prefirió reservar sus luchas en mantenerse como funcionarios de la política? Un socialista con muchos años de militancia me señalaba, semanas antes de que el edificio de Valcárcel volviera a ser un muerto tapiado, que la derrota empezó hace muchos años, cuando los cuadros que marcharon a las instituciones dejaron de vivir a ras de calle. Y se rompieron los diálogos, de persona a persona, con sindicatos, asociaciones de vecinos, centros culturales y educativos. Pero, peor aún, se olvidaron de quiénes eran.

En estos siete meses no se han enterado de lo que estaba ocurriendo en Valcárcel Recuperado. Se quedaron con la versión tranquilizadora –es decir, de derechas- de que aquello era un asunto perentorio de marginales y perros flautas. Ningún dirigente mostró ánimos de saber –porque la indolencia también es conservadora- por qué buena parte de La Viña, un barrio obrero donde eran mayoría, asumió aquella recuperación como una devolución de algo que le habían quitado. Por supuesto, ningún político socialista planteó la justificación –dando por bueno el prejuicio reaccionario de que la recuperación sólo buscaba un techo para usos privados- de que esa recuperación se produjo por la importante carencia de estructuras y locales públicos capaces de cubrir unas necesidades y demandas que, a la vista está de su enorme utilización, no están cubriendo las instituciones. Se olvida, y ahí están las hemerotecas, que el primer proyecto socialista para Valcárcel no fue un hotel de lujo sino un inmenso centro sociocultural, a la manera del Conde Duque de Madrid, se decía entonces. Si no se hizo fue por esa desconfianza –un valor antagónico al progreso- en que el edificio llegara a utilizarse completamente. Valcárcel Recuperado ha demostrado tanto el error de aquel descarte como la necesidad de que ese proyecto se retome, con una gestión rotundamente participativa. Un bien público con una gestión social y cultural horizontal, abierta, en manos de quienes producen cultura y asociacionismo.

Con ese precedente de meses a espaldas de un movimiento social que debía sentirse con cercanía, no extraña la alienación de la conciencia socialista ante un desalojo que vuelve a colocar al edificio en el limbo de la propiedad de nadie. En el momento de la recuperación no fue su asunto, sino una patata caliente en manos de la derecha de verdad, la que dice que tiene un plan para Valcárcel pero que, por supuesto, no tiene por qué contárselo a nadie. En esa asunción de valores de la derecha, ningún ni ninguna dirigente del Partido Socialista de Cádiz –ni hipercríticos, ni retrocríticos, ni oficialcríticos- ha dicho tampoco nada sobre que la policía se saltara la tan ejemplar Constitución para entrar en la Universidad a dar palos a quienes, simplemente, habían interrumpido una conferencia para leer un comunicado. Lo que no es ningún delito. No pasaba desde que ellos y ellas mismas sufrieron los palos en carne propia. Pero eran otros tiempos, otras luchas, habrán pensado. Supongo. Porque si es una cuestión de cálculo, cualquiera sabe que para defender los valores de la derecha, nadie lo hace mejor que la derecha.

Manuel J. Ruiz Torres

EXPRESARSE A PALOS

2012-01-13T09:27:00.000-08:00

Cuando alguien se equivoca tan violentamente en la respuesta a una reclamación pacífica ya no puede hablarse de torpeza sino de soberbia. Desconozco aún quién dio la orden de que entrara, ayer, la policía en un recinto privado universitario; quién se arropó la potestad de saltarse la legalidad del muy constitucional derecho de expresión; quién malentendió la concesión que la ciudadanía, en una democracia, les hace a algunos de sus trabajadores para que porten armas para defenderla, no para atacarla; quién va a hacer lo posible para tapar este escándalo. Y tengo un verdadero interés personal en que todas esas incógnitas me las aclare un juzgado justo porque, ahora mismo, me siento enormemente desprotegido. Toda la ciudad de Cádiz lo está, mientras no nos aclaren lo ocurrido y se depuren responsabilidades, pero hasta el final, hasta la misma expulsión de políticos y policías que no sirven para protegernos.

Vayamos por partes. En una decisión colectiva, un grupo de personas interrumpió una charla-conferencia pronunciada por el juez Marlaska y el periodista Ridao para leer un comunicado. Ambos han apelado a su propia libertad de expresión para mostrar su rechazo a esa interrupción. Pero, como ocurre con los grandes valores cuando se banalizan, o se interpretan como un exclusivo derecho de casta, el derecho a expresarse no se anula porque alguien les rebata o les muestre incluso un abierto rechazo a sus personas, sino sólo cuando se impide comunicar el propio pensamiento. O se castiga, si no gusta. No fue el caso. Una vez expresada la opinión del colectivo sobre el desalojo de Valcárcel, se marcharon y el acto, incluyendo las doctas lecciones de democracia de ambos ponentes, siguió todo lo tranquilo que permitió la barbarie de lo que sucedía afuera. La única agresión al ejercicio de la libertad de expresión se produjo al salir del Aula Magna, cuando alguien decidió que los momentos de molestia, o de mera descortesía según sus viejos manuales de urbanidad, padecidos por los conferenciantes merecían ser tratados como si de un presunto delito se tratase. Demasiado tosco como para calificarlo de simple torpeza. Como también asistimos ahora al maquillaje revisionista de nuestra Constitución bicentenaria, no está de más recordar que la tan alabada Libertad de Imprenta, aprobada entonces, no supuso la desaparición de represalias por las opiniones publicadas, sino sólo que éstas se tomaban después de expresar la opinión y no antes. Pero la gente siguió yendo a la cárcel lo mismo. Que se celebre eso como un logro da escalofríos.

La policía necesita una orden judicial para entrar en un recinto privado. Sólo la constatación de un delito flagrante permite una intervención sin esa orden. Salvo que, de antesdeayer a ayer mismo, se haya cambiado el Código Penal, la interrupción verbal de una conferencia no tiene consideración de delito. Yo espero que el titular de esa propiedad allanada, es decir el Rector, acuda al juzgado, no como testigo sino como denunciante, para que algún juez o jueza nos aclare si, a partir de ahora, una discusión acalorada en la casa de cada cuál, puede ser motivo de intervención de los antidisturbios. Por lo mismo, también espero que la policía haya depositado ya en dicho juzgado el posible material fotográfico intervenido, por tener consideración de prueba documental de los hechos denunciados, tanto en la lectura del comunicado como en la posterior actuación policial. Si tales fueran considerados delito, la destrucción de esas pruebas sería, a su vez, un delito distinto, de complicidad o encubrimiento. Es lo que tienen estos formalismos de la democracia. Cuánto trabajo para que la justicia sea, simplemente, justicia. Y qué lejos hoy.

Cuánto arrogante despropósito, y cuánto ensañamiento, para acallar una opinión que no les gusta.

Manuel J. Ruiz Torres

EL DESALOJO DE VALCÁRCEL RECUPERADO

2012-01-11T21:28:00.000-08:00

No deja de ser descorazonador que, justo el día después de que se produzca la enésima toma del poder de los fastos del Bicentenario, la policía desaloje el único vestigio mínimamente digno que reproducía, en el edificio gaditano de Valcárcel, lo que de conquista mínima de ciudadanía supuso aquella Constitución que dicen quieren celebrar ahora. Quienes reducen la Historia a una mera coartada para darse a sí mismos la razón, cuando no la ven como una de esas series televisivas donde importan más los disfraces que la lógica, estarán hoy más tranquilos. El principal edificio civil de aquel 1812 estará cerrado doscientos años después. Y, así, nadie podrá visitar el que también fue el mejor escenario de las miserias y las enormes injusticias sociales de aquella época. Correccional (cárcel) para mujeres cuyo único delito era no tener oficio o no estar casadas; orfanato atiborrado de niñas y niños en abandono; asilo receptáculo de ancianos y ancianas; depósito de dementes; Casa de Misericordia, cuando la caridad les sosegaba más que la justicia. Y, también, en ese enorme contenedor de lo que la sociedad bien de entonces quería ocultar, salvando sus conciencias, algunos talleres de oficios para pobres que, en los dos siglos posteriores, han seguido suponiendo la dignificación de bastantes gaditanas y gaditanos que han pasado por el edificio para recibir educación. Precisamente esa ganancia del edificio para la educación, en su sentido más amplio, como un valor universal, creativo, comunicador y de superación personal y colectiva es el gran logro, en sólo seis meses, del movimiento de Valcárcel Recuperado.

La Historia sirve cuando nos enseña a corregir el presente. Que no nos hablen de la poca participación de la ciudadanía gaditana en unos fastos de fuegos artificiales y visitas de gente muy-muy importante cuando, por acción u omisión, de unos y otros, se deja en manos de los antidisturbios el aplastamiento (eso se busca) de una iniciativa espontánea, plural, compleja, humana, contra el absolutismo social, político y cultural con el que se está desmantelando y vaciando de participación nuestra tímida democracia. Quienes recuperan ese edificio tan maldito que aún lo identificamos con el apellido de un gobernador franquista han hecho, en estos meses, un impresionante ejercicio de participación. Han demostrado que es posible la intervención de la ciudadanía y la gestión seria de un patrimonio común, sin paternalismos políticos, ni neoliberales ni socialilustrados. Han ganado a la desconfianza.

He asistido a varias asambleas y actividades en Valcárcel. Allí había tal diversidad que también a mí me irrita ese empeño en reducirlo todo a una marginalidad (social, de costumbres) que, por otra parte, nadie se esfuerza en explicar qué significa. Me consta que ha existido autocrítica en errores, que también los ha habido. El respeto, que era la única norma en las asambleas, no siempre se templó con la prensa, que se merece la misma atención de escucha, por muy cuestionable que nos pareciera algo de lo publicado. En todo este hermosísimo ejercicio de aprendizaje de democracia directa, todo se puede debatir. En ese pluralismo muy vivo, lógicamente, sé de quien estoy cerca y de quien menos. Como sé que esas antípodas de lo que más me desagrada en la gestión de lo que debería ser sólo público está fuera de Valcárcel: en los que mandan cerrarlo con el hipócrita argumento de garantizarnos nuestra seguridad, en los que mienten mentando, entre dientes, esa sacrosanta propiedad privada, que no sé qué tiene que ver con este caso de un edificio que es público, desde el momento en que quien lo compró no ha abonado la cantidad de su precio y, además, quiere devolverlo.

Porque ese es el meollo de la cuestión. Lo que se debate, en otro orden judicial, es el coste de la indemnización que deberá pagar la empresa hotelera por la reversión de ese patrimonio a su propietario público, Diputación. Ésta, ni antes ni ahora, ha hecho nada por recuperar ese bien de todos; como la empresa hotelera no hizo nada por detener su deterioro; como el Ayuntamiento hizo todo lo posible porque no se hiciera en la ciudad ese hotel que había sido una idea de un enemigo político. En esa guerra miserable de intereses, un colectivo inédito, no jerarquizado, recuperó el edificio para darle un uso abierto a quien llevara a la asamblea sus propuestas. No se trata de una ocupación, porque nadie ha estado viviendo allí, ni nadie discute su propiedad pública; unos importantes matices jurídicos que hacen cuestionable, por la existencia de otros precedentes, la existencia misma de algún delito.

En este tiempo, se ha ocupado ese espacio con actividades, todas gratuitas, como clases de recuperación, guardería, biblioteca, locales de ensayo, colecciones museísticas, gimnasio, talleres de oficios, asociacionismo…He asistido a actos culturales con un público tan numeroso y entregado como nunca había visto en los circuitos pagados, de una forma u otra, por las instituciones. Evidenciando, y alguien debería extraer conclusiones de esto, el alejamiento y las carencias reales de una población que asiste, ajena (lo dicen ellos), al carísimo montaje de cartón piedra de un año espectáculo hecho sólo para mirar. Porque lo que han desalojado hoy en Valcárcel es el derecho a la participación, sin intermediarios. Creen ellos.

Sólo que cada día que pase con Valcárcel cerrado, deteriorándose a la vista de cualquiera, les señalará en su miseria.

Artículos anteriores de la serie "Los Peligros" (2004-2008)

2012-01-11T17:31:00.000-08:00

Los Peligros supuso mi primer trabajo como comentarista político, con una particular atención a la ciudad de Cádiz. Fue una sección de opinión mantenida, todas las semanas, en el diario "La Voz de Cádiz" desde su apertura, en septiembre de 2004, hasta finales de noviembre del 2008.

Desde este enlace Los Peligros se puede acceder a aquellos artículos que, en su mayoría por desgracia, no han perdido demasiada vigencia.