MENTIRAS Y PRESUPUESTOS

El Partido Popular perdió las elecciones de 2004 porque mintió sobre la autoría del atentado de Atocha. El Partido Popular ganó las elecciones de 2011 porque mintió un programa de salida de  la crisis sin subida de impuestos ni recortes en educación, sanidad o desempleo. También ganó porque, previamente, el Partido Socialista decidió mentirse a sí mismo –y en la acción, a todo el que los creyó-  al escoger aplicar la cirugía liberal de la estabilidad, que en realidad es una poda sangrienta de miembros sanos,  a una crisis que había provocado la especulación capitalista, con los bancos como juez y parte del expolio. Que es tanto como querer curarnos con los mismos virus que provocaron la enfermedad, pero no debilitados como en una vacuna, sino envalentonados, engallados, chulescos,  en su reconocimiento de solución única. Como mentiras, ni siquiera son muy elaboradas. Son mentiras sin guión, sin in crescendo dramático, sin grandes actrices y actores dándose réplica. La política se ha instalado en la medianía previsible de una serie televisiva que hablara de conflictos amables entre vecinos de bloque. “No se puede hacer otra cosa”, diría el presidente de Comunidad. “Cierto, qué fastidio”, murmullarían quienes fueron a la reunión, en vez de estar en una playa permanente.  Porque, naturalmente, quien miente necesita de la credulidad de los demás, que  es una actitud que requiere cierta indolencia personal, con sus dosis de resignación y escapismo.

La semana que viene se van a discutir en el Congreso los nuevos Presupuestos Generales. Son mentira. Lo que de allí salga estará condicionado por los mercados, ese ectoplasma sobrenatural que nos ha poseído.  Como en las series, nos sabemos el final, porque ya viene repitiéndose.  Los actuales Presupuestos Generales para 2012 se aprobaron el 28 de junio y se publicaron en el BOE dos días más tarde. Allí se recogen las previsiones de ingresos por impuestos, con sus deducciones y beneficios fiscales, así como todos los gastos públicos a realizar; entre ellos, los cuantiosos capítulos de personal, inversiones o transferencias a otras administraciones. Sólo trece días después, el Consejo de Ministros aprobó, en decreto-ley, la subida general del IVA, quitó la paga extra y redujo los días de vacaciones del convenio de empleados públicos, redujo el subsidio de desempleo y anunció la supresión de bonificaciones a la contratación, eliminó la ayuda estatal a las hipotecas para compra de vivienda y la deducción en IRPF para las que se adquieran a partir de enero, reformó la administración local y “reordenó” la ley de Dependencia. Es decir, revocó sus propios Presupuestos Generales. En trece días.

Estos que vienen son también mentira. Pero, además, injustos. Podrían mentirnos el paraíso, escribirnos una novela bonita que acabara bien, hacer un brindis al sol anunciando que sus políticas carniceras han aplacado a las fieras y han servido para algo. Pero necesitan alimentar el derrotismo para que todo lo perdido se acepte como irremediable. Por eso prefieren esta mentira presupuestaria que escenifica un aumento del castigo, igual que el entrenador domestica a sus animales con sufrimiento.  Cuando, la semana que viene se rodee el Congreso para protestar contra los falsos Presupuestos, se estará haciendo, sobre todo, contra quienes convierten en pantomima formal su obligación de rendir cuentas al pueblo del uso de su dinero.

Manuel J. Ruiz Torres

CATALUÑA

Creo que falta verdadero afecto en muchas reacciones españolistas al anuncio de una posible separación de Cataluña. De hecho, creo que, en este momento, se entendería mejor el estado de nuestras relaciones si utilizáramos más el símil de una pareja en conflicto y no el de socios mal avenidos de una misma empresa. Lo que viene a decirnos Cataluña es que se está pensando el divorcio. Y a nadie que quiera conservar a su pareja se le ocurre, ante ese anuncio, amenazarla con hacerle la vida imposible, quitarle la casa y la hacienda o llevarla a la indigencia, si nos deja. No son maneras de recuperar afectos puestos en duda. Las parejas, sean del género o ciudadanía que sean, reaccionan mal ante los ultimátum. Esa españolidad que ahora pide tanques o el boicot de productos catalanes, responde como amantes despechados que confunden el amor con un campo de minas. Y que, en su testosterona ciega, no les reconocen a los demás el derecho de emparejarse o, si así lo quieren, de vivir sin nadie, libremente.

 

Porque lo que realmente pide ahora Cataluña no es el divorcio, sino su propio derecho a ese divorcio. Ahora prácticamente nadie defiende un matrimonio obligatorio de por vida aunque, en su caso particular, no esté pensando en divorciarse. Lo que hoy se asume como una aberración es obligar a alguien a convivir con alguien con quien se lleva mal, o le produce un desánimo permanente. Pero eso que hoy es lo normal, estaba prohibido hace sólo 31 años. La Ley de Divorcio, de 1981, sólo tuvo 102 votos a favor, 22 en contra y 117 abstenciones. Se opuso radicalmente la entonces Alianza Popular, donde ya militaban Aznar y Rajoy, y el sector democristiano de UCD. Esa votación no se correspondía con la opinión de la sociedad, mucho más práctica. Cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas preguntó, por primera vez, en 1980, sobre la justificación del divorcio, sólo un 13 %  no lo consideraba justificado en ningún caso.  En 1994 un porcentaje parecido, un 14 %, creía que debía permanecerse en el matrimonio aunque éste funcionara mal. En el último estudio que conozco, 2003, eran un 9% quienes no aceptaban (qué verbo) el divorcio. Sin embargo, esa amplia mayoría que, razonablemente, creen que el divorcio es la solución para un mal matrimonio, un 80 % en el 2003, no se corresponde ahora con quienes creen que se debe extender este mismo derecho de autonomía vital a los pueblos. Quizás por la misma virulencia emocional -como el último bastión del honor patriarcal- con la que algunos quieren contaminar el debate.

La autodeterminación es el derecho a divorciarse, a no compartir un proyecto común si una de las partes así lo quiere. Negar ese derecho, incluso cínicamente en nombre de la democracia, es defender la unión por la fuerza antes que por decisión propia. El matrimonio forzado por rapto antes que por amor. Es decir, negarles a los pueblos lo que nos parece evidente en las personas. Lo ejerza Cataluña, Gibraltar o Ceuta, por citar ejemplos históricos muy distintos, y que la hinchada recibe según sus expectativas de ganar el partido. Después de reconocido ese derecho, se podrá dar o no la situación de que alguien pida ese divorcio. Y sólo entonces sería el momento de debatir y de negociar la relación futura por el bien de los hijos comunes.

Y, para que nadie se confunda, no me gustaría separarme de Cataluña, a la que tanto amo. Cívica, culta, vitalista, eficiente, productiva, plural, divertida, abierta. En muchos aspectos, lo que me gustaría que llegara a ser el resto de lo que hoy conformamos España, un territorio cambiante y no inamovible, no se olvide, a lo largo de la Historia. Sólo que, aquí, en lugar de ese respeto que mejore la relación, o la salve, ya hay quien pide, como medidas cautelares, la cadena perpetua.

 

Manuel J. Ruiz Torres

SIN LEY

Para el ministro de Gobernación (antes Interior), Jorge Fernández Díaz,"la policía cumplió la ley" en su actuación. Para la Gobernadora de Madrid (antes Delegada del Gobierno) la actuación policial fue "proporcional" y "muy profesional".

Dice el art. 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS) que los principios básicos de actuación de las mismas son:

1. b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión.

 

2. a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.

 

2. b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos

 

3. a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención.

 

3. b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas.

 

Dice el art. 20 de  la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC):

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
 

 

Dice el Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía:

Art. 18.- Todos los uniformes llevarán obligatoriamente la placa-emblema del Cuerpo, con indicación del número de identificación personal, en el pecho, por encima del bolsillo superior derecho de la prenda de uniformidad.

Art. 19.Dos.- El personal que vista uniforme reglamentario llevará el carné profesional, y en el uniforme, la placa-emblema con el número identificativo personal.

Art. 21. Dos. Los funcionarios que realizan servicio de uniforme acreditarán su condición de Agentes de la Autoridad con el mismo. No obstante, llevarán obligatoriamente el carné profesional, que será exhibido cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos, con motivo de sus actuaciones policiales.
 

(Incidente con la identificación desde el minuto 1.55. En el 3.07 el policía le contesta que, en vez de su identificación, le va "a dar otra cosa")

DOS GOLPES

Quienes hoy mismo califican como golpe de Estado una manifestación pacífica para reivindicar la devolución de la soberanía popular robada por ellos mismos, han dado, en menos de un año, dos golpes de Estado contra esa democracia que ya pronuncian con deje aristocrático. El primero, en sólo un mes, del 26 de agosto de 2011, en que los grupos parlamentarios Popular y Socialista propusieron conjuntamente reformar con urgencia el artículo 135 de la Constitución, hasta el 27 de septiembre, en que se publicó en BOE esa reforma. Esa verdadera enmienda a la totalidad de la Constitución, sin que la trascendencia de su cambio pasara por la obligación de un referendum, dice que ninguna de las Administraciones Públicas “podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”. Es decir, desde entonces, están supeditando todos los gastos, derechos adquiridos y la misma soberanía popular, a algo que decidirá en algún lugar de Europa alguien que nadie ha elegido. El segundo golpe de Estado, se da casi cada viernes, desde la investidura del gobierno popular. Si la “soberanía nacional reside en el pueblo español” y “Las Cortes Generales representan al pueblo español”, sólo serán legítimas en cuanto ejerzan sin malversación esa representación. En una democracia representativa, que es el modelo de participación limitada en el que supuestamente nos encontramos, esos diputados y senadores se eligen para que nos representen, de acuerdo con las soluciones e ideas (ideología) ofertadas en campaña electoral. Se eligen para que hagan lo que la mayoría social decida, aunque esa mayoría se equivoque, o se mueva por simple empatía. Si hacen reiteradamente todo lo contrario a aquello para lo que fueron elegidos (no subir los impuestos, no abaratar el despido, mantener el salario en la Función Pública, no dar una amnistía fiscal, no recortar en sanidad ni educación, no implantar el copago, no recibir “órdenes” desde Europa, etc.) no están representando la voluntad de quienes los eligieron. No sólo pierden la legitimidad, que no es un cheque en blanco por cuatro años, sino que gobiernan contra esa soberanía de quienes los eligieron. El diccionario define golpe de Estado como una “violación deliberada de las normas constitucionales de un país y sustitución de su gobierno”.

 

Para quienes les asuste nombrar así a este golpismo desde dentro, llamarles la atención de que, hoy mismo, se han practicado actuaciones propias de una dictadura contra una manifestación, no se olvide, autorizada por el propio gobierno: detención de autobuses que se dirigían a la misma, cacheos con perros de sus ocupantes, identificaciones arbitrarias, francotiradores en azoteas, ostentación del incumplimiento legal de identificación visible de los policías hecha por el secretario general de su sindicato autocalificado de progresista, cargas coactivas, otra vez heridos sangrando como imagen del derecho de reunión en este país y, por supuesto, ausencia de responsables. Y, como en los regímenes dictatoriales, se acude al desprestigio personal de los disidentes (nazis nos ha llamado Cospedal), o los gobernantes llegan a identificarse con la totalidad del Estado, como ha hecho Gallardón, el ministro de Injusticias, para quien discutirle su legitimidad es cuestionar también “la del pueblo español para proceder a unas elecciones democráticas”. Aquí sólo se aceptan sugerencias de la Troika. Sólo que a este gobierno colaboracionista de Vichy se le empieza a atragantar la Resistencia.

Manuel J. Ruiz Torres

LOS BASUREROS TIENEN RAZÓN EN SU HUELGA

Tan sencillo como que cualquiera tiene derecho –por supuesto, también derecho legal- a cobrar lo acordado. La seguridad legal es una de las reglas de esta democracia en proceso de descomposición, con la coartada de la crisis económica. Y lo firmado, en el Convenio de 1 de abril de 2009, eran las condiciones de salario y trabajo de quienes, a cambio de esas condiciones pactadas, iban a realizar la limpieza de las calles y la recogida y transporte de las basuras de Cádiz. Si una de las partes, la que debería pagar lo pactado, es la primera en no cumplir su compromiso, nadie puede acusar a la otra de no hacer su parte. Sin embargo, el Ayuntamiento sólo culpa a quienes no recogen la basura, no  a quienes no están cumpliendo con las condiciones de la concesión, que es la unión de empresas SUFI COINTER. En este asunto, la alcaldesa miente cuando declara que esa concesionaria no plantea pérdida de salarios. Según el citado Convenio, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2013, se pactó graduar las subidas salariales cada año, correspondiendo para el próximo cuarto año de vigencia, una subida del IPC real a finales del 2011, más un 2 %. Es decir, un 4.4 %, cuando la empresa pretende reducir esa subida a un 0.5 %. Es evidente que no se cumple lo acordado. Como que esa cifra redonda busca confundir en beneficio propio. En efecto, los sindicatos UGT y CCOO acordaron con los empresarios que ese 0.5 % sería la subida salarial para los acuerdos que se pactaran este año. Pero una cosa es pedir que se cumplan los acuerdos y otra que los nuevos tengan nuevas condiciones, aún pareciéndonos que esa subida ridícula sigue cargando otra vez toda la carga de la crisis en quienes no la provocaron. La petición de quienes trabajan en la limpieza de basuras no son, pues, como acusa la alcaldesa, ni una incongruencia, ni una muestra de insolidaridad ante quienes sufren la crisis. Sino una reivindicación que nos defiende a quienes vivimos de nuestro trabajo.

Entender que, por encima de la enorme incomodidad de los malos olores de la basura, está nuestra propia seguridad como trabajadores. Lo que nos pide la alcaldesa, y la concesionaria, unión de dos internacionales, es que todos y todas debemos cobrar menos, trabajar más y no saber -ni quejarnos por ello- en qué condiciones lo haremos en adelante, para adaptarnos a una crisis que se decide no se sabe dónde, pero sí con qué intereses.

Por supuesto que la huelga es molesta. Una huelga no es una mera sugerencia a la empresa, por si quiere tenerse un detalle bonito, sino una lucha entre económicamente desiguales. El capital siempre tiene la ventaja de que quien vive de su salario padece la presión de sus ataduras económicas. La huelga cuesta mucho dinero a quien la hace, les supone privaciones de las que tarda meses en recuperarse, no son esos días en el Edén de la pereza con el que los retratan quienes no necesitan hacer huelgas para llevárselo en negro. El capital ejerce esa presión con violencia, porque sabe que sólo le dañan significativamente las huelgas de muchos días o las que se concentran en ocasiones de su especial interés. Sólo entonces se equilibra esa lucha de clases. Sería realmente estúpido hacer una protesta cuando no la vea nadie o cuando no repercuta con importancia. Pero tampoco ha de caerse en la manipulación que presenta a quienes hacen este trabajo como contrarios al interés de Cádiz. Porque poco ganará esta ciudad si llegamos a un tiempo en que quienes trabajen no sabrán lo que, despóticamente, querrán pagarles sus empleadores. Como también perderá el comercio cuando sólo le ofrezcan estos pocos días de fogonazos artificiales, y un resto del año sin clientes y sometidos a lo que quieran pagarles. De seguir así, vamos a un estado de agradecido sometimiento. Esta huelga se anunció hace dos meses. En ese tiempo nadie, ni la empresa ni la alcaldesa, se han dignado ni a escuchar lo que se pedía. Sólo ahora, cuando los montones de basura les estropean la foto, les echan encima a comerciantes y ciudadanía. Porque, y es lo triste, a este desmantelamiento de derechos se ha sumado también parte de la población, más preocupada por lo que se huele que por lo que se pudre.

Manuel J. Ruiz Torres

DIVIDIR LA RESPUESTA TRABAJADORA

Una estrategia elemental ante cualquier conflicto es dividir al enemigo. El reciente Decreto-Ley de expolio de derechos, cínicamente titulado como de “medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”, saquea, en apartados específicamente distintos a quienes trabajan en empleos públicos y a quienes no tienen trabajo. A la totalidad le aplica un aumento generalizado de impuestos directos al consumo, pagando lo mismo quien mucho tiene que quien tiene poco, siendo este gravamen la única política igualitaria que se permiten. Los hachazos son tan grandes y afectan tanto a la vida privada de cada cual que han conseguido, en muchos casos, lo que perseguían: que la respuesta fuera dividida y sectorial. Echo de menos en muchas de las justificadísimas protestas de quienes trabajan en el sector público un recuerdo solidario al robo económico que también sufren paradas y parados en el mismo Decreto-Ley, un diez por ciento menos a partir del séptimo mes de prestación que, según cálculos del diario económico Cinco Días, suponen una pérdida media anual de 1800 euros frente a los también brutales 1500 euros anuales que pierden quienes trabajan en lo público. Como echo en falta esa misma empatía de quienes trabajan en empresas privadas con funcionarios y funcionarias que, desde 1992, han perdido un 34.42 % de poder adquisitivo. Un tercio de sus sueldos. O también que alguien se acuerde del pequeño comercio, condenado a muerte lenta con la liberalización de festivos -que les deja sin descanso- y de rebajas, ahora a la entera voluntad de asfixia económica de las grandes cadenas, que tendrán la insensible complicidad de muchos compradores, trabajadores y trabajadoras, a su vez, en lo público y en lo privado. Pero esa insolidaridad es lo que busca algunas medidas de ese ómnibus legislativo, enfrentar entre sí a quienes viven, o quisieran vivir, de su trabajo, exhibiendo supuestos agravios comparativos. Sin escatimar tampoco expresiones hirientes, como decir que ese hurto permite “impulsar la activación de los desempleados incentivando el pronto retorno a la ocupación”. Con lo que muestran a quienes están en paro como, poco menos, que parásitos de quienes trabajan, viviendo del subsidio. Ya lo ha dicho el presidente de la Diputación de Cádiz, el popular Loaiza: los parados no empiezan a buscar trabajo hasta que se les acaba la prestación. En el otro lado de la norma, presentan a quienes trabajan en el sector público como privilegiados que tienen un trabajo vitalicio frente a la inestabilidad del sector privado.

La reducción de días de asuntos propios y de los logrados -muy importante, en negociación colectiva- por antigüedad, no suponen el más mínimo ahorro, a pesar de que así se justifica la medida. Quitarlos no ahorra nada, simplemente porque nunca se contrata a nadie para que los sustituya en esos días, asumiendo ese trabajo el resto del personal que ya esté trabajando. Días que están sometidos a las necesidades del servicio, condicionado su uso a no perturbar el servicio público. Si se reducen ahora es sólo para presentar a quienes trabajan en lo público como privilegiados que disfrutan de más días de vacaciones que el resto. Se busca aumentar una antipatía de raigambre histórica. El funcionariado, al que pertenezco, aún despierta en la mayoría un extendido imaginario de pereza, indolencia, incapacidad y privilegios. Esta imagen, labrada desde ese Larra que denunciaba los frecuentes vuelva usted mañana, fue cierta cuando quienes trabajaban en lo público no accedían por méritos propios al puesto sino por afinidad política o recomendación directa. La condición de inamovibles en su empleo se impuso, desde su origen histórico, como una fórmula para evitar los funcionarios de partido, que cesaban y se nombraban según quien ganase las elecciones, sometidos siempre a las presiones e intereses de esos mismos partidos. Esa fijeza es también una garantía para el resto de la ciudadanía de que van a ser tratados en igualdad, cualquiera que sea su ideología o condición económica. Pero es verdad que sigue habiendo aún malos –muchos o pocos- funcionarios concretos, y las malas experiencias que hayamos tenido con ellos acrecientan ese sambenito. Las oposiciones cribaron generaciones nuevas de funcionarias y funcionarios que no son ni peores ni mejores personas que la sociedad de donde procedemos. Lo que de bueno o malo hay en la sociedad se mantiene en este colectivo, no muy distinto a los demás en actitudes y capacidades de trabajo. Cualquiera conoce, en su entorno, ejemplos de lo mismo que se le critica al funcionariado en su conjunto. No hay dos categorías de trabajo, según quien emplee. Como no se puede hablar de unas mismas condiciones de trabajo o sueldo, ni dentro de la función pública ni en ninguno de los sectores del empleo privado.

Pero el gobierno vende esa percepción de privilegios y de derechos distintos. Esas contrapartidas, económicas y en especie, son fruto de negociaciones colectivas. Hay que entenderlas en su conjunto. Esos días no laborables se dieron en compensación a no poder – o no querer- adecuar los salarios públicos al IPC, como en otros convenios se compensan festivos trabajados, se complementan sueldos con ayudas sociales o se cobran incentivos por beneficios. De hecho, lo que suponen estas medidas es la derogación de la negociación colectiva. Aunque sea inconstitucional: una norma con rango de ley cambiando una ley orgánica, como el Estatuto de los Trabajadores; que viola el principio de igualdad; que ha omitido la obligada participación social en cambios de legislación laboral; que es una norma fiscal disfrazada de estatutaria; que no justifica su urgencia ni el principio de “confianza legítima”, básica para la seguridad jurídica de derechos adquiridos. Aunque no parece muy sólido acogerse, a estas alturas, a la protección de una Constitución convertida en papel mojado, desde que la soberanía ya no reside en el pueblo sino en lo que ordenan desde la metrópoli alemana. Para quienes aún piensen que este es un problema exclusivo del funcionariado deberían leerse esa parte del Decreto Ley que posibilita la modificación o suspensión de todos –absolutamente todos- los convenios colectivos y acuerdos, cuando ocurra en el país “una alteración sustancial de las condiciones económicas”. Es decir, permite cambiar las condiciones pactadas de sueldo y trabajo. Y, por si hay dudas, es este mismo gobierno el que decide cuándo estará la cosa tan mal que habrá que suprimir todos los derechos de quienes aún trabajen. Clarito, vaya.

Manuel J. Ruiz Torres

LO QUE OCURRE: POLÍTICOS Y POLÍTICA

No sé en qué momento de la extinguida democracia española, quienes debían representar al pueblo confundieron esa delegación de servicios con un reconocimiento de vasallaje. No tenían que ser lo mejor de la sociedad porque su función era, precisamente, darle voz a esa diversidad. Sin embargo, se creyeron superiores al resto y administraron como nuevos ricos, convencidos de que la riqueza que no se esperaban no se agotaría nunca. Hay quienes ya eran ricos por su cuna, quienes llegaron a serlo en este tránsito y quienes tienen una vanidad tan elemental que ya se sienten por encima de los demás porque la empresa pública les paga el teléfono o porque el cuartel les suministra el detergente del lavavajillas. Un estudio de Presidencia calcula en más de cuatrocientas cuarenta mil las personas que cobran de la política. Incluyo asesores y cargos de gestión nombrados por afinidad ideológica y personal. Naturalmente, este proceso de endiosamiento de quienes debían representarnos se ha consolidado porque han tenido buen cuidado de no mejorar la cultura política del país, ya suficientemente arrasada por la dictadura, que ya adulaba ese culto al famosillo, aunque sea ese personaje que sale en la prensa dando instrucciones al personal de Vías y Obras. No hubo tampoco ruptura ahí. Y la ostentación, que era una demostración natural de autoridad y preeminencia en el franquismo, pasó a serlo también de quienes se dedicaron luego a la política. De otra manera no se entiende que quienes deberían servir a los demás no se conformen con vivir con una elemental dignidad sino que viajen, coman o duerman instalados en el lujo. La abundancia como signo de merecido estatus personal. No sólo no se plantean que esa malversación sea un delito sino que, ni siquiera, les parece moralmente reprobable. Desde quien carga a lo público una cena privada con la pareja a quien cuelga en su casa el cuadro que el artista agradecido cedió a la institución que preside. Con el tiempo, y la adulación de quienes para medrar dependen de quien está más arriba en esta pirámide alimenticia, llegan a creerse realmente superiores. Lo creen de verdad. Pero la soberbia no es una enfermedad sino otro nombre del desprecio. Y ahí, instalados en un autismo de casta, pueden descargar su despotismo iluminado sobre quienes gobiernan. Es un proceso que ha ido creciendo, autoalimentándose por la endogamia de quienes, en cada partido, defienden su coto de privilegios, ya convertida la política en una clase aparte. Y desde esa atalaya de engreimiento, no sólo se rechaza debatir alternativas, sino que se niega la posibilidad de que existan. Fuera de mí, el país (o el municipio) se va a pique.

Lo que ahora ocurre es que esa autoinvestida autoridad se ha llevado al límite de prescindir de las formas. El Partido Popular ganó las elecciones sin decir con claridad qué haría, pero sí se comprometió expresamente con lo que no haría. Se le votó por eso. Si el sistema es de democracia representativa, el pueblo delega en un partido para que gobierne según lo que ha elegido. Si se hace lo contrario a lo comprometido, ya ese partido no representa a sus votantes. Y si destruye, con los hechos, el sistema que lo ha llevado al poder, se convierte en los verdaderos antisistema. En sólo ocho meses, el Partido Popular ha traicionado su legitimidad y ha vaciado este débil sistema de democracia por delegación que, se supone, defiende. Es normal que la gente se sienta muy estafada. Quienes les votaron, porque no les hacen caso, y quienes no, porque ganaron con trampas. Pero hay algo que les une aún más. En su elección para actuar contra la crisis, la que llaman solución única, descargan todos los sacrificios en quienes viven, y consumen, de su salario. Dejando indemnes a quienes provocaron esta ruina, especulando con la vivienda o la ingeniería financiera, ahora más ricos aún para el pillaje de lo que queda; amnistiando a quien le robó a los impuestos de la totalidad su parte correspondiente; perdonando de ese esfuerzo a la Iglesia o a quienes aún viven muy bien de la política.

Pero este descrédito generalizado de quienes se han dedicado a la política en beneficio propio, incluso con ribetes sicóticos, no debería extenderse a la política como formación y confrontación ideológica. Incluyendo la lucha sindical. Los abusos personales –sean muchos o pocos- de cargos liberados no pueden ser pretexto para desmantelar las únicas organizaciones capaces de hacerle frente a quienes están implantando una dictadura económica. No caer en esa trampa. Los abusos hay que penarlos, uno a uno. Hay quienes juegan con ventaja a este descrédito: se aprovechan de la política para su medro personal con una ideología de la verdad única, sin alternativas, sabiendo que el desprestigio de todos facilita la instalación de ese pensamiento prefascista de que las ideologías ya no son necesarias. Que hay que superar esa separación de derechas e izquierdas. Porque son, incluso, un estorbo para la obtención de resultados. Y, como tal inconveniente, hay que eliminarlo. Ya en el principio de la transición, uno de los fundadores de la primitiva Alianza Popular, luego refundada como Partido Popular, vaticinaba el fin de las ideologías. También el socialismo desideologizado del felipismo alabó esa eficacia, rendido a la fábula china del gato que cazaba ratones sin importar cómo. Ahora vuelve esa retahíla. No sólo desde sus sucesores naturales sino también desde viscosos aglomerados como UPD o algunas voces del 15M, “ni derecha ni izquierda”, tan escrupulosas de no mezclarse con los sindicatos. Naturalmente, en esa vía “práctica” sólo existen soluciones conservadoras. De una manera u otra nos llevan a la solución única. No deja de ser significativo que el partido que ganó las elecciones con la prioridad de afrontar la economía, por encima de ideologías, recupere el viejo arsenal ideológico del franquismo: la vigilancia preventiva de quienes ya hayan cumplido su condena, como una resurrección de la ley de vagos y maleantes; ensalzar la maternidad como la principal libertad de las mujeres, condenando de paso su entrada en el mercado laboral como causa del aumento del paro; o desmantelando todo el sistema educativo igualitario, con segregaciones muy tempranas hacia la formación para el trabajo, o la recuperación del obstáculo de las reválidas para encarecer el acceso a un título. Asistimos a un completo cambio de régimen, donde ya no habrá seguridad jurídica de que lo que hoy es un derecho –político, social o económico- seguirá en vigor próximamente.

El que la gente esté muy harta no es el principal problema. Aunque algunos ahora señalan el peligro de un estallido social que cebe su violencia en quienes ejercen la política. Esa violencia existe ya. Se hace habitual que cualquier protesta acabe con gente sangrando con la cabeza abierta o con moratones en su cuerpo. Las fuerzas antidisturbios parecen disponer de esa impunidad que amedrente a quienes se atrevan a la protesta. El poder necesita de esta violencia para convertir en resignación o miedo las movilizaciones de muchos y muchas recién llegadas a esta expresión de enorme cabreo. Ahora también recién convertido en delito. Como necesita el descrédito de la política para que sólo ellos vuelvan al ordeno y mando único.

Manuel J. Ruiz Torres