LA PRENSA IMPRESCINDIBLE

En muchos zócalos de México y de toda Latinoamérica aún existe el oficio del escribidor, que se encarga de poner en papel las peticiones oficiales, pleitos, añoranzas o deseos amorosos de quienes no saben escribirlo pero sienten la necesidad de esa comunicación en su piel o en su economía. Dicen que ese oficio desaparecerá cuando la población esté alfabetizada. No lo creo, porque su especialización es semejante a la de médicos o abogados, que hacen de guías por terrenos que la mayoría desconocemos. De hecho, el oficio de escribidor hace iguales ante los vericuetos escritos a quienes saben y a quienes no saben de eso. Lo mismo que hay quienes también nos igualan a quienes somos analfabetos en fontanería, electricidad o manejo de ordenadores. En nuestro contexto esos y esas escribidores trabajan en periódicos. Sólo que, al multiplicar su capacidad de difusión, no sólo guían e igualan al cliente puntual que les necesita, sino que trabajan por la igualdad de la sociedad entera.

 

Cuando un periódico, como aquí el Diario de Cádiz, se plantea despedir a un tercio de quienes lo escriben, está cometiendo un inconcebible ejercicio de negación del sentido de su propia existencia. Transmite a la sociedad que esos y esas periodistas no son imprescindibles para seguir contándonos lo que pasa. Y, en esa lógica, si se niega lo imprescindible de ese oficio, ¿cómo justificar que seguirá siendo imprescindible el medio donde se transmite? Si la empresa no defiende su propia utilidad, la sociedad puede creer que puede vivir sin prensa. Que es tanto como quedarse sin mirar hacia fuera de uno mismo.

 

Por desgracia, hace tiempo que las empresas de comunicación se quedaron sólo en empresas. Ya ni siquiera con ese espíritu de pervivencia de los negocios familiares, grandes y pequeños, que trabajaban no tanto para ganar lo máximo hoy sino para que siguieran viviendo de ello sus descendientes. Para aumentar la ganancia inmediata, el periódico se somete a sus anunciantes, empresas y políticos que pueden romper la hucha pública para permitirse arrinconar o eliminar directamente las noticias incómodas. Para que crezca esa misma ganancia, se manda al paro a profesionales formados y se obliga a quienes se queden a redoblar su esfuerzo, porque da igual la calidad de lo que se ofrezca. Por ese beneficio, se prescinde de buscar fuera lo que ocurre, y por supuesto de reflexionar sobre ello, porque ya les vienen dadas las notas de prensa desde los distintos poderes. Pero, con una prensa convertida en empresa de anuncios, sin calidad, manipulada y sin esa función de entender la realidad, que es su sentido, ¿qué clientes espera conservar en el futuro esa empresa tan saneada como prescindible?

 

Manuel J. Ruiz Torres

LA ENGAÑIFA D´HONDT

 

Ya se ha visto el sentido estafador de la voluntad popular con la que la Ley D´Hondt  hace las cuentas electorales. En Galicia, el Partido Popular sólo ha ganado unas elecciones periféricas con esas cuentas trucadas. Es una completa desvergüenza convertir la pérdida de 135.000 de sus votantes en un apoyo mayoritario en el resto del Estado a la política de recortes e incumplimientos. Y, sin embargo, la casi completa totalidad de comentaristas al servicio del Ministerio del Reich para la Ilustración y Propaganda (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda), ocultan ese rechazo de uno de cada cinco de sus antiguos votantes, y enseñan los dientes de su reparto del botín de votos para justificar que las próximas cuchilladas las estamos pidiendo, la mayoría, a gritos de satisfacción masoquista. Discurso que se completa con el del derrumbe cierto del Partido Socialista, que alguna vez tendrá que jubilar del todo políticas y personas (en Madrid, como en Cádiz) que les han llevado a perder la credibilidad. Cuando tu electorado no te vota, estando en la oposición, es porque no te cree. Y, teniendo el modelo griego de unidad de su izquierda, que aparezca una Sýriza española que proponga soluciones menos comprensivas con el capitalismo, sería ahora una posibilidad más real de ese sorpasso que Anguita preconizó en los noventa.

 

He jugado un poco con un simulador de la Ley D´Hondt. Con algunos resultados curiosos. Sin los votos de los partidos que no han obtenido representación, el reparto daría al PP dos diputados menos y al Partido Socialista uno menos; mientras que Alternativa Galega de Esquerda (AGE) tendría dos más y uno más el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Está claro, que esos votos minoritarios, muchas veces testimonio de la indignación contra los partidos mayoritarios, terminan beneficiándolos. Como votar en blanco, que al elevar el número de votos necesarios para alcanzar el listón electoral del 3 %, deja también fuera a más minoritarios.

 

También he probado a ver qué resultado se hubiese obtenido si esos dos grupos, AGE y BNG, a la izquierda del Partido Socialista, se hubiesen presentado juntos. Es lo que empezó a negociarse, abierto a otras formaciones, como embrión de lo que será en el resto del Estado, ya lo verán, una nueva alternativa radical de izquierdas. Obteniendo, sólo ellos dos, un total de 345.490 votos. El Parlamento gallego hubiese quedado (falseado también por la abstención que nunca contabiliza y la propia D´Hondt) con 38 escaños del Partido Popular, 20 escaños la coalición AGE-BNG y 17 escaños el Partido Socialista.

 

Esta especie de política ficción creo que indica lo que unos deberían corregir y otros unificar. Unos no lo harán. Y otros no lo harán del todo. Porque lo verdaderamente importante es recuperar el respeto de quienes se sienten fuera de esa política de falsa representación. Con más democracia directa, nada menos. Pero eso no les conviene a las cuentas de quienes diseñaron este sistema. Que ya sólo entiende de balances y de cuentas pendientes.

 

Manuel J. Ruiz Torres

MENTIRAS Y PRESUPUESTOS

El Partido Popular perdió las elecciones de 2004 porque mintió sobre la autoría del atentado de Atocha. El Partido Popular ganó las elecciones de 2011 porque mintió un programa de salida de  la crisis sin subida de impuestos ni recortes en educación, sanidad o desempleo. También ganó porque, previamente, el Partido Socialista decidió mentirse a sí mismo –y en la acción, a todo el que los creyó-  al escoger aplicar la cirugía liberal de la estabilidad, que en realidad es una poda sangrienta de miembros sanos,  a una crisis que había provocado la especulación capitalista, con los bancos como juez y parte del expolio. Que es tanto como querer curarnos con los mismos virus que provocaron la enfermedad, pero no debilitados como en una vacuna, sino envalentonados, engallados, chulescos,  en su reconocimiento de solución única. Como mentiras, ni siquiera son muy elaboradas. Son mentiras sin guión, sin in crescendo dramático, sin grandes actrices y actores dándose réplica. La política se ha instalado en la medianía previsible de una serie televisiva que hablara de conflictos amables entre vecinos de bloque. “No se puede hacer otra cosa”, diría el presidente de Comunidad. “Cierto, qué fastidio”, murmullarían quienes fueron a la reunión, en vez de estar en una playa permanente.  Porque, naturalmente, quien miente necesita de la credulidad de los demás, que  es una actitud que requiere cierta indolencia personal, con sus dosis de resignación y escapismo.

La semana que viene se van a discutir en el Congreso los nuevos Presupuestos Generales. Son mentira. Lo que de allí salga estará condicionado por los mercados, ese ectoplasma sobrenatural que nos ha poseído.  Como en las series, nos sabemos el final, porque ya viene repitiéndose.  Los actuales Presupuestos Generales para 2012 se aprobaron el 28 de junio y se publicaron en el BOE dos días más tarde. Allí se recogen las previsiones de ingresos por impuestos, con sus deducciones y beneficios fiscales, así como todos los gastos públicos a realizar; entre ellos, los cuantiosos capítulos de personal, inversiones o transferencias a otras administraciones. Sólo trece días después, el Consejo de Ministros aprobó, en decreto-ley, la subida general del IVA, quitó la paga extra y redujo los días de vacaciones del convenio de empleados públicos, redujo el subsidio de desempleo y anunció la supresión de bonificaciones a la contratación, eliminó la ayuda estatal a las hipotecas para compra de vivienda y la deducción en IRPF para las que se adquieran a partir de enero, reformó la administración local y “reordenó” la ley de Dependencia. Es decir, revocó sus propios Presupuestos Generales. En trece días.

Estos que vienen son también mentira. Pero, además, injustos. Podrían mentirnos el paraíso, escribirnos una novela bonita que acabara bien, hacer un brindis al sol anunciando que sus políticas carniceras han aplacado a las fieras y han servido para algo. Pero necesitan alimentar el derrotismo para que todo lo perdido se acepte como irremediable. Por eso prefieren esta mentira presupuestaria que escenifica un aumento del castigo, igual que el entrenador domestica a sus animales con sufrimiento.  Cuando, la semana que viene se rodee el Congreso para protestar contra los falsos Presupuestos, se estará haciendo, sobre todo, contra quienes convierten en pantomima formal su obligación de rendir cuentas al pueblo del uso de su dinero.

Manuel J. Ruiz Torres

CATALUÑA

Creo que falta verdadero afecto en muchas reacciones españolistas al anuncio de una posible separación de Cataluña. De hecho, creo que, en este momento, se entendería mejor el estado de nuestras relaciones si utilizáramos más el símil de una pareja en conflicto y no el de socios mal avenidos de una misma empresa. Lo que viene a decirnos Cataluña es que se está pensando el divorcio. Y a nadie que quiera conservar a su pareja se le ocurre, ante ese anuncio, amenazarla con hacerle la vida imposible, quitarle la casa y la hacienda o llevarla a la indigencia, si nos deja. No son maneras de recuperar afectos puestos en duda. Las parejas, sean del género o ciudadanía que sean, reaccionan mal ante los ultimátum. Esa españolidad que ahora pide tanques o el boicot de productos catalanes, responde como amantes despechados que confunden el amor con un campo de minas. Y que, en su testosterona ciega, no les reconocen a los demás el derecho de emparejarse o, si así lo quieren, de vivir sin nadie, libremente.

 

Porque lo que realmente pide ahora Cataluña no es el divorcio, sino su propio derecho a ese divorcio. Ahora prácticamente nadie defiende un matrimonio obligatorio de por vida aunque, en su caso particular, no esté pensando en divorciarse. Lo que hoy se asume como una aberración es obligar a alguien a convivir con alguien con quien se lleva mal, o le produce un desánimo permanente. Pero eso que hoy es lo normal, estaba prohibido hace sólo 31 años. La Ley de Divorcio, de 1981, sólo tuvo 102 votos a favor, 22 en contra y 117 abstenciones. Se opuso radicalmente la entonces Alianza Popular, donde ya militaban Aznar y Rajoy, y el sector democristiano de UCD. Esa votación no se correspondía con la opinión de la sociedad, mucho más práctica. Cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas preguntó, por primera vez, en 1980, sobre la justificación del divorcio, sólo un 13 %  no lo consideraba justificado en ningún caso.  En 1994 un porcentaje parecido, un 14 %, creía que debía permanecerse en el matrimonio aunque éste funcionara mal. En el último estudio que conozco, 2003, eran un 9% quienes no aceptaban (qué verbo) el divorcio. Sin embargo, esa amplia mayoría que, razonablemente, creen que el divorcio es la solución para un mal matrimonio, un 80 % en el 2003, no se corresponde ahora con quienes creen que se debe extender este mismo derecho de autonomía vital a los pueblos. Quizás por la misma virulencia emocional -como el último bastión del honor patriarcal- con la que algunos quieren contaminar el debate.

La autodeterminación es el derecho a divorciarse, a no compartir un proyecto común si una de las partes así lo quiere. Negar ese derecho, incluso cínicamente en nombre de la democracia, es defender la unión por la fuerza antes que por decisión propia. El matrimonio forzado por rapto antes que por amor. Es decir, negarles a los pueblos lo que nos parece evidente en las personas. Lo ejerza Cataluña, Gibraltar o Ceuta, por citar ejemplos históricos muy distintos, y que la hinchada recibe según sus expectativas de ganar el partido. Después de reconocido ese derecho, se podrá dar o no la situación de que alguien pida ese divorcio. Y sólo entonces sería el momento de debatir y de negociar la relación futura por el bien de los hijos comunes.

Y, para que nadie se confunda, no me gustaría separarme de Cataluña, a la que tanto amo. Cívica, culta, vitalista, eficiente, productiva, plural, divertida, abierta. En muchos aspectos, lo que me gustaría que llegara a ser el resto de lo que hoy conformamos España, un territorio cambiante y no inamovible, no se olvide, a lo largo de la Historia. Sólo que, aquí, en lugar de ese respeto que mejore la relación, o la salve, ya hay quien pide, como medidas cautelares, la cadena perpetua.

 

Manuel J. Ruiz Torres

SIN LEY

Para el ministro de Gobernación (antes Interior), Jorge Fernández Díaz,"la policía cumplió la ley" en su actuación. Para la Gobernadora de Madrid (antes Delegada del Gobierno) la actuación policial fue "proporcional" y "muy profesional".

Dice el art. 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS) que los principios básicos de actuación de las mismas son:

1. b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión.

 

2. a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.

 

2. b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos

 

3. a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención.

 

3. b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas.

 

Dice el art. 20 de  la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC):

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
 

 

Dice el Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía:

Art. 18.- Todos los uniformes llevarán obligatoriamente la placa-emblema del Cuerpo, con indicación del número de identificación personal, en el pecho, por encima del bolsillo superior derecho de la prenda de uniformidad.

Art. 19.Dos.- El personal que vista uniforme reglamentario llevará el carné profesional, y en el uniforme, la placa-emblema con el número identificativo personal.

Art. 21. Dos. Los funcionarios que realizan servicio de uniforme acreditarán su condición de Agentes de la Autoridad con el mismo. No obstante, llevarán obligatoriamente el carné profesional, que será exhibido cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos, con motivo de sus actuaciones policiales.
 

(Incidente con la identificación desde el minuto 1.55. En el 3.07 el policía le contesta que, en vez de su identificación, le va "a dar otra cosa")

DOS GOLPES

Quienes hoy mismo califican como golpe de Estado una manifestación pacífica para reivindicar la devolución de la soberanía popular robada por ellos mismos, han dado, en menos de un año, dos golpes de Estado contra esa democracia que ya pronuncian con deje aristocrático. El primero, en sólo un mes, del 26 de agosto de 2011, en que los grupos parlamentarios Popular y Socialista propusieron conjuntamente reformar con urgencia el artículo 135 de la Constitución, hasta el 27 de septiembre, en que se publicó en BOE esa reforma. Esa verdadera enmienda a la totalidad de la Constitución, sin que la trascendencia de su cambio pasara por la obligación de un referendum, dice que ninguna de las Administraciones Públicas “podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”. Es decir, desde entonces, están supeditando todos los gastos, derechos adquiridos y la misma soberanía popular, a algo que decidirá en algún lugar de Europa alguien que nadie ha elegido. El segundo golpe de Estado, se da casi cada viernes, desde la investidura del gobierno popular. Si la “soberanía nacional reside en el pueblo español” y “Las Cortes Generales representan al pueblo español”, sólo serán legítimas en cuanto ejerzan sin malversación esa representación. En una democracia representativa, que es el modelo de participación limitada en el que supuestamente nos encontramos, esos diputados y senadores se eligen para que nos representen, de acuerdo con las soluciones e ideas (ideología) ofertadas en campaña electoral. Se eligen para que hagan lo que la mayoría social decida, aunque esa mayoría se equivoque, o se mueva por simple empatía. Si hacen reiteradamente todo lo contrario a aquello para lo que fueron elegidos (no subir los impuestos, no abaratar el despido, mantener el salario en la Función Pública, no dar una amnistía fiscal, no recortar en sanidad ni educación, no implantar el copago, no recibir “órdenes” desde Europa, etc.) no están representando la voluntad de quienes los eligieron. No sólo pierden la legitimidad, que no es un cheque en blanco por cuatro años, sino que gobiernan contra esa soberanía de quienes los eligieron. El diccionario define golpe de Estado como una “violación deliberada de las normas constitucionales de un país y sustitución de su gobierno”.

 

Para quienes les asuste nombrar así a este golpismo desde dentro, llamarles la atención de que, hoy mismo, se han practicado actuaciones propias de una dictadura contra una manifestación, no se olvide, autorizada por el propio gobierno: detención de autobuses que se dirigían a la misma, cacheos con perros de sus ocupantes, identificaciones arbitrarias, francotiradores en azoteas, ostentación del incumplimiento legal de identificación visible de los policías hecha por el secretario general de su sindicato autocalificado de progresista, cargas coactivas, otra vez heridos sangrando como imagen del derecho de reunión en este país y, por supuesto, ausencia de responsables. Y, como en los regímenes dictatoriales, se acude al desprestigio personal de los disidentes (nazis nos ha llamado Cospedal), o los gobernantes llegan a identificarse con la totalidad del Estado, como ha hecho Gallardón, el ministro de Injusticias, para quien discutirle su legitimidad es cuestionar también “la del pueblo español para proceder a unas elecciones democráticas”. Aquí sólo se aceptan sugerencias de la Troika. Sólo que a este gobierno colaboracionista de Vichy se le empieza a atragantar la Resistencia.

Manuel J. Ruiz Torres

LOS BASUREROS TIENEN RAZÓN EN SU HUELGA

Tan sencillo como que cualquiera tiene derecho –por supuesto, también derecho legal- a cobrar lo acordado. La seguridad legal es una de las reglas de esta democracia en proceso de descomposición, con la coartada de la crisis económica. Y lo firmado, en el Convenio de 1 de abril de 2009, eran las condiciones de salario y trabajo de quienes, a cambio de esas condiciones pactadas, iban a realizar la limpieza de las calles y la recogida y transporte de las basuras de Cádiz. Si una de las partes, la que debería pagar lo pactado, es la primera en no cumplir su compromiso, nadie puede acusar a la otra de no hacer su parte. Sin embargo, el Ayuntamiento sólo culpa a quienes no recogen la basura, no  a quienes no están cumpliendo con las condiciones de la concesión, que es la unión de empresas SUFI COINTER. En este asunto, la alcaldesa miente cuando declara que esa concesionaria no plantea pérdida de salarios. Según el citado Convenio, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2013, se pactó graduar las subidas salariales cada año, correspondiendo para el próximo cuarto año de vigencia, una subida del IPC real a finales del 2011, más un 2 %. Es decir, un 4.4 %, cuando la empresa pretende reducir esa subida a un 0.5 %. Es evidente que no se cumple lo acordado. Como que esa cifra redonda busca confundir en beneficio propio. En efecto, los sindicatos UGT y CCOO acordaron con los empresarios que ese 0.5 % sería la subida salarial para los acuerdos que se pactaran este año. Pero una cosa es pedir que se cumplan los acuerdos y otra que los nuevos tengan nuevas condiciones, aún pareciéndonos que esa subida ridícula sigue cargando otra vez toda la carga de la crisis en quienes no la provocaron. La petición de quienes trabajan en la limpieza de basuras no son, pues, como acusa la alcaldesa, ni una incongruencia, ni una muestra de insolidaridad ante quienes sufren la crisis. Sino una reivindicación que nos defiende a quienes vivimos de nuestro trabajo.

Entender que, por encima de la enorme incomodidad de los malos olores de la basura, está nuestra propia seguridad como trabajadores. Lo que nos pide la alcaldesa, y la concesionaria, unión de dos internacionales, es que todos y todas debemos cobrar menos, trabajar más y no saber -ni quejarnos por ello- en qué condiciones lo haremos en adelante, para adaptarnos a una crisis que se decide no se sabe dónde, pero sí con qué intereses.

Por supuesto que la huelga es molesta. Una huelga no es una mera sugerencia a la empresa, por si quiere tenerse un detalle bonito, sino una lucha entre económicamente desiguales. El capital siempre tiene la ventaja de que quien vive de su salario padece la presión de sus ataduras económicas. La huelga cuesta mucho dinero a quien la hace, les supone privaciones de las que tarda meses en recuperarse, no son esos días en el Edén de la pereza con el que los retratan quienes no necesitan hacer huelgas para llevárselo en negro. El capital ejerce esa presión con violencia, porque sabe que sólo le dañan significativamente las huelgas de muchos días o las que se concentran en ocasiones de su especial interés. Sólo entonces se equilibra esa lucha de clases. Sería realmente estúpido hacer una protesta cuando no la vea nadie o cuando no repercuta con importancia. Pero tampoco ha de caerse en la manipulación que presenta a quienes hacen este trabajo como contrarios al interés de Cádiz. Porque poco ganará esta ciudad si llegamos a un tiempo en que quienes trabajen no sabrán lo que, despóticamente, querrán pagarles sus empleadores. Como también perderá el comercio cuando sólo le ofrezcan estos pocos días de fogonazos artificiales, y un resto del año sin clientes y sometidos a lo que quieran pagarles. De seguir así, vamos a un estado de agradecido sometimiento. Esta huelga se anunció hace dos meses. En ese tiempo nadie, ni la empresa ni la alcaldesa, se han dignado ni a escuchar lo que se pedía. Sólo ahora, cuando los montones de basura les estropean la foto, les echan encima a comerciantes y ciudadanía. Porque, y es lo triste, a este desmantelamiento de derechos se ha sumado también parte de la población, más preocupada por lo que se huele que por lo que se pudre.

Manuel J. Ruiz Torres