Como para la alcaldesa de Cádiz no
es cierto que se haya atacado la libertad de expresión ni los derechos cívicos en
la represión del Carnaval Chiquito, sólo se reunirá con las agrupaciones que de
eso la acusan si, previamente, se retractan. Es decir, le dan la razón. Eso nos
lleva al absurdo de que sólo está dispuesta a debatir sobre su propio sentido
de la verdad con quienes lo compartan. Quítenles a deliberar todos sus
significados (meditar, pensar, analizar, reflexionar) y sólo queda espacio para
los juegos florales de la adulación. Única actitud que, con este planteamiento,
parece admitir la alcaldesa. Libertad de expresión pero sin libertad de opinión.
Leído el comunicado de capitulaciones que Teófila ofrece a las chirigotas para
que se rindan, parece claro que la alcaldesa tiene un sentido, digamos que muy
podado de lo que es la libertad de expresión. Según documento tan poco
sospechoso como la Declaración Universal de Derechos Humanos, ese derecho
incluye no sólo el poder revelar lo que se piensa sino el de “no ser molestado
a causa de sus opiniones”. En los “incidentes”, que es como la versión policial
y municipal llama a la carga contra las últimas agrupaciones que cantaban ese
Carnaval Chiquito, se procedió a hacer dos detenciones, y a identificar y multar a quienes se
atrevieron a opinar que tenían derecho a estar a esa hora en la calle. También
a quienes, cantando, opinaban que el Carnaval siempre ha consumado su ciclo de
forma natural, pacífica.
En el mismo comunicado de la alcaldesa se acusa a una gaditana
presentadora de televisión muy popular de dañar “la imagen de la ciudad”, sólo
por tener una opinión muy distinta de cómo ocurrieron los hechos. Hay libertad
para expresarse pero apechuga con que te injurie por tus opiniones. O tanto
como entender que, cuando nuestra actual Constitución limita esa libertad de
expresión por, entre otros, el derecho a la propia imagen, la de todo Cádiz tiene
el mismísimo tamaño que la de su alcaldesa, a quien no se nos permite reprochar
su evidente torpeza en manejar todo este asunto. Se alude a la profesionalidad
de la policía local. Pero lo cierto es que poco proporcionado parece que –siguiendo
el lenguaje oficial- un simple “incidente” por ruidos acabara en una carga
policial, dos detenidos -creo que injustamente- pendientes de juicio y la
extendida convicción en la ciudad de que este Ayuntamiento quiere domesticar el
Carnaval. Más no han podido equivocarse.
La libertad de expresión no es sólo
que se deje cantar lo que se quiera sino que se haga con la tranquilidad de no
recibir represalias. Cuando se montó un dispositivo de la policía local para “revisar”
el contenido de las pancartas introducidas por un grupo que concursaba en el
Falla, era un acto de coacción a esa libertad de expresión. Cuando el
Ayuntamiento montó un dispositivo policial preparado para clausurar el Carnaval
Chiquito a una hora determinada, estaba fijando un límite temporal a esa
libertad de expresión, rebajada así a libertad condicional. Lo excepcional del
Carnaval es su carácter libérrimo, popular, espontáneo. Todo lo que haga el
Ayuntamiento para acotarlo y querer someterlo a reglamento, como si de una
actividad molesta se tratara y no de parte fundamental de nuestra identidad, es
una pérdida terrible de libertades. Un retroceso a cuando aún se discutía qué
era eso de la libertad. Creíamos que no íbamos a repetirlo.
Manuel J. Ruiz Torres
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