miércoles, 20 de febrero de 2013

CACERÍA AL CINE


Por lo visto la industria del cine es la única industria subvencionada con dinero público. Eso, o que quienes sacan la cacería de las subvenciones cada vez que reciben una crítica piensan que una subvención implica contraer un agradecimiento eterno, en el que quienes reciben el dinero de todos pasan a convertirse en súbditos pelotas de quienes gobiernan. No tengo ni simpatía ni antipatía por el colectivo del cine precisamente porque, como en todo colectivo, los habrá apáticos, malos, buenos, creyentes, celiacos, extravertidos y siesos. Así que ya me huele mal ese empeño en meter a todo el que trabaja en el cine en el saco de los millonarios de izquierda frívolos e incoherentes. No se dice que el noventa por ciento de esa industria está en paro. Ni que la mayoría de quienes trabajan lo hacen en unas condiciones de explotación que orillan la esclavitud. Conozco casos de guionistas que están cobrando cuatrocientos euros por cinco meses de trabajo; de directoras que ruedan anuncios o videoclips musicales por cien euros. Incluso caras muy conocidas, de pronto desaparecen durante años, o del todo. Sobreviven de hacer series de mierda o anuncios para empresas detestables, a sabiendas de que si alguna vez protestan en una gala que medianamente sigue la gente, las van a crucificar por colaboracionistas de la telebasura o por poner su cara amable a empresas explotadoras. Como si el resto del país no trabajáramos también donde podemos, la mayoría en empresas o administraciones abusadoras y repugnantes.

Aquí, el ministro caricato de Hacienda que, allá su inconsciente, en cada comparecencia confunde el Parlamento con el Teatro Chino de Manolita Chen, no sabe quienes se han acogido a su amnistía fiscal pero sí que sabe que hay actores y actrices que no pagan sus impuestos en España. Como entre chiste y chiste suyo, esos que tanta gracia le hacen, no se sabe explicar, aún no sé si denunciaba la obviedad de quienes trabajan fuera del país –que, lógicamente, igual que los ingenieros o los montadores de tuberías- los pagan en el país donde cobran; o si, en cambio, estaba revelando un delito fiscal, como el que se juzga en Valencia sobre el cobro por Julio Iglesias de tres millones en negro supuestamente pagados por el gobierno popular de esa Comunidad. Pero el cantante no está en la diana de las calumnias, supongo que no por su proximidad política sino porque dejó el gremio del cine a tiempo. Con charaditas así, y la encendida indignación de la corte de tertulianos, que cobran de las microscópicas televisiones digitales mantenidas por la publicidad institucional de gobiernos del Partido Popular, se consigue que actrices y actores que no conoceremos nunca nos caigan personal y rematadamente mal. Porque viven a cuerpo de rey con nuestro dinero. Con las subvenciones.

Y sí, es un escándalo. Porque aunque el gobierno popular haya cambiado el sistema de subvenciones, ahora sobre su rendimiento comercial y no sobre proyectos, se sigue aireando la demagogia. El 27 de noviembre pasado se publicaron en el BOE las ayudas a la amortización de largometrajes estrenados durante el año 2010: 34,5 millones. Primera mentira: esa cantidad no es para subvencionar obras que no ve nadie, sino que se entrega más dinero a las películas de mayor presupuesto y con mayor taquilla conseguida. Así, una película tan manipuladoramente izquierdista como Tres metros sobre el cielo (chico violento conoce chica pija, chica conoce carreras de motos ilegales, chico y chica lo dejan) obtuvo la mayor cuantía, dos millones.

Segunda mentira: El cine español vive artificialmente de las subvenciones. En el último año con datos completos, 2010, la industria del cine recibió un total de 92,36 millones de dinero público. La recaudación en España fue de 80,3 millones, cierto que con una caída de espectadores, pero recaudó más de 41 millones en el exterior. Eso supone casi 29 millones de euros de beneficio.

Es importante señalar que esa cantidad es-can-da-lo-sa de los 92,36 millones en subvenciones se entregó a los empresarios de la industria del cine, no a sus trabajadores. Como no la reciben tampoco quienes trabajan, con menos notoriedad y por lo mismo menor antipatía pública, en la industria del automóvil o en la de la energía fotovoltaica. Por cierto, la industria taurina recibió, ese mismo año, gobernando los socialistas, 564 millones en subvenciones, seis veces más que el cine. Al actual gobierno popular, tan coherente, le parece insuficiente y ya ha anunciado un aumento de ayudas a la tauromaquia. Si no los critican, supongo.

Manuel J. Ruiz Torres

miércoles, 13 de febrero de 2013

LA CORRUPCIÓN, B.I.C.


Creo que el Gobierno debería considerar muy seriamente la declaración de la corrupción como Bien de Interés Cultural. Acaba de hacerlo con la fiesta de los toros que, como su propio nombre indica, se trata de regocijarse haciéndole algo muy divertido a unos toros. El que las víctimas de estas dos extendidas aficiones no se presten de buena gana a que los sangren, no hace más que aumentar la excitación con la que unos y otros practican su arte. La resistencia del martirizado aumenta el ingenio del torturador, ya sea para cambiar los sobres por privatizaciones, ya para recibir el envite con el pie derecho adelantado en vez del izquierdo, en una de esas creaciones personalísimas que convierten al toreo o a la corrupción en un arte incontestable. El que ambos espectáculos repitan siempre el mismo guión y tengan, salvo contadas excepciones que dan lugar a abundante literatura, el mismo final absolutorio del artista, ya sea con la muerte del toro troceado en vivo, ya con la anulación de pruebas por defectos de forma, no nos debe hacer dudar de la propia condición de arte que tiene lo que hacen. La emoción de la sorpresa, la creatividad, la voluntad de explicarnos el mundo y nuestra efímera presencia en las otras artes son ingredientes sobrevalorados frente al arrojo, la falta de conciencia, la habilidad para el engaño con la muleta o con lo que se ofrece de señuelo en unas elecciones o una hipoteca. Tanto el toreo como la corrupción cumplen lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico, en tanto son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. Igual que la Inquisición, la expulsión de judíos y moriscos o las guerras civiles, necesitadas también de la misma figura de protección y salvaguarda ante las amenazas de su olvido por la intolerancia y los prejuicios del mundo moderno.