La Ley de los Etcéteras

La mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó ayer el Congreso supone desmantelar todo el capítulo de derechos y libertades que la desnutrida Constitución aún mantenía. Difícilmente puede aportar “seguridad” una ley que elimina la elemental seguridad jurídica de que sólo te condenen por algo que esté expresamente prohibido. Ahora queda a la ambigua interpretación de lo que “pueda alterar el orden público”, coletilla con la que terminan los artículos de la mayoría de las situaciones que penaliza. Que es tanto como meter en la ley un “etcétera” que le sirva de comodín a quien interese.

Con esta ley, cualquier autoridad puede suspender una manifestación legal sólo con considerar peligrosas las pancartas, por si se pudieran usar como palos. Cualquiera puede prohibir lo que considere irritante para alguien, por prever una reacción airada de los ofendidos. Ya sea un acto por la laicidad o una concentración de hinchas. Es una ley preventiva, pues castiga según las presunciones o los prejuicios de la autoridad, no siempre por hechos ya realizados. Vuelven a penalizar grupos, no personas que cometen delitos concretos. En esa generalidad de vagos y maleantes, la ley permite castigar (con multas, con cacheos) por el aspecto, el pelaje, las ideas o la vida privada (estar donde no deberían estar, según ellos, por ejemplo).

Es una ley ventajista pues defiende especialmente a quien la promulga. Capacita para multar todo lo que les moleste: manifestaciones, escraches, protestas pacíficas, críticas y convocatorias en redes sociales. Es una ley elitista que, aunque no le gusta al ochenta y dos por ciento de los encuestados, el gobierno mantiene en su convencida Ilustración paternalista. Es una ley justiciera, donde quien denuncia y quien castiga es la misma autoridad. Es una ley que saca ese castigo, que ahora será un trámite administrativo, de las garantías de un juicio justo, imparcial, con presentación de pruebas y testigos, y con presunción de inocencia. Esta derogación de la protección jurídica se completa con su también exclusivista Ley de Tasas, que sólo permite recurrir la arbitrariedad de esos castigos a quienes puedan pagárselo.

Es una ley inhumana que hace imposible el derecho de asilo. Es una ley opaca, que facilita la impunidad de posibles delitos cuando castiga la mera difusión de intervenciones policiales. Si éstas son abusivas, desproporcionadas o discriminatorias están penadas por el Código Penal. No se entiende que la obtención de pruebas, si ayudan a esclarecer cualquier delito, se considere colaboración con la justicia en todos los demás casos, pero merezca una fuerte multa si quienes delinquen llevan uniforme. En este exceso de celo protector, llegan a transmitir la desconfianza que el legislador parece tener en el cumplimiento legal de sus funciones de protección del libre ejercicio de derechos y de garantizar la seguridad ciudadana. Entendido en un sentido políticamente neutral, profesional y de servicio público. Este es el problema. Se legisla como si la seguridad ciudadana fuera sólo un asunto de orden público en el que se castigan las reacciones que no gustan pero no lo que las causa. El ideario y muchas de las propuestas de esta ley mordaza ya estaban, literalmente, en la Ley de Orden Público de 1959. Pero eso no es remover el pasado. Es imponerlo.