EL EMBUDO DE LA REFORMA LABORAL

Mariano Rajoy debe ser el único presidente de Gobierno del mundo que se ha autoconvocado una huelga general. Ya antes de que se publicara en el BOE el contenido de la reforma laboral, declaraba que la misma iba a costarle esa protesta total, que es una forma nada sutil, ante el electorado que lo aúpa y ante los poderes reales que lo mantienen, de transmitir firmeza y de intentar esparcir y desvanecer como previsibles –es decir, dogmáticas- las reacciones de protesta que se produzcan. Ya he oído –en la calle, en las televisiones- acusaciones de que ese rechazo se produce antes de conocer el contenido de la propia reforma. Así que la desactivación funciona. Si los populares ya consiguieron una beatificación por mayoría absoluta, como una cuestión de fe ciega, sin concretar ninguna medida, no ha de extrañar que ahora intenten también una solución del paro poco menos que medieval. No siempre hace falta leer la letra pequeña para saber cuando el contrato que nos ofrecen, con un lo tomas o lo dejas, es una estafa. Pero sí creo saludable detenerse en cómo redactan las normas quienes decidieron que éramos un pueblo más de mandarnos que de gobernarnos.

En esencia, la reforma del mercado de trabajo sólo reforma la parte contratada, es decir a quienes hacen los trabajos, sin que contenga ni una sola obligación para quien contrata. Aunque dice que la reforma hace una apuesta por el equilibrio (palabra que se repite hasta tres veces en las tres primeras páginas), al quitar una de las patas de la mesa de negociación, esa mesa se descompensa y pierde estabilidad. De hecho, queda a la santa voluntad del empresario el dejar de sostenerla y dejarla caer cuando más intereses le produzca. El tortuoso mecanismo con el que intentan explicar que abaratar el despido implica creación de empleo, tiene –de nuevo- más que ver con la fe y otras virtudes teologales que con las matemáticas. No ha de hacerse, nos dicen, el balance en el momento en que se echa a la calle a alguien, en que ciertamente es un sumando más al paro, sino en ese idílico momento zen del futuro –incierto, inconcreto y graciable, por supuesto- en que ese mismo bondadoso empresario decide que ya ganó tanto reduciendo personal que ahora podría ganar más aumentándolo. Como ese momento futuro de generosidad –aún interesada- sólo dependería de un aumento de beneficios, el menor coste exige también mayor productividad de quienes el empresario elija, graciosamente, para seguir trabajando para él. Porque no sólo se pierden trabajadores sino que, los que quedan, deben trabajar más, no a cambio de mayor salario sino de menos. Por el beneficio del empresario, que la misma norma legal de la reforma identifica, errónea y repetidamente, con la propia empresa. Como si el capital, por sí solo, fuera capaz de producir algo si no hubiera quien lo trabaje.

El planteamiento no deja de ser infantil, o si se quiere un retroceso a los primeros años del liberalismo salvaje y sin cortapisas, cuando aún la economía de mercado apenas gateaba por los suelos y no entraba a discutir contraprestaciones sociales como parte misma del salario. Un tiempo sin horarios, ni vacaciones, ni prestaciones sociales por enfermedad. Temas donde ya se tantea ahora mismo eso que eufemísticamente llaman “una reordenación normativa”. Porque lo que viene a plantear esta reforma es, nada menos, que eliminar el contrapeso social introducido por la moderadísima Constitución actual al modelo de mercado simple. Desde su misma base: la dignidad de la relación entre las fuerzas productivas. Una relación declarada ya, abiertamente, como desigual.

Por el Decreto-Ley de Reforma Laboral, el empresariado puede adoptar suspensiones de contrato o reducciones temporales de salario o jornada, según su conveniencia, sin necesidad de autorización administrativa. Con esa inseguridad económica nadie podrá hacer una planificación de sus propias necesidades vitales. Tampoco la podrán hacer quienes accedan a un contrato a tiempo parcial, un concepto convertido ahora en subjetivo, desde el momento en que la reforma autoriza las horas extras en estos contratos. Con esta baza, el tiempo de quienes trabajen en esas empresas quedará a disposición del capricho o del beneficio del empleador. También se da prioridad al convenio de empresa frente al colectivo, con lo que el empresario impondrá de hecho sus condiciones, sin que una negociación colectiva sectorial proteja a trabajadores y trabajadoras de pequeñas empresas de la intemperie de la coacción directa de sus empleadores. Ya conozco un caso en hostelería donde el dueño de un bar “propuso” a sus empleados elegir entre renunciar todos a la paga extra navideña o el despido de uno de ellos, elegido al azar. Renunciaron a la extra.

No hace falta ya tampoco autorización administrativa ni se exige ya acuerdo con los representantes para los despidos colectivos. Se abaratan los despidos. El despido improcedente baja de 45 días de salario por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades hasta los 33 días con un tope de 24 mensualidades. Se eliminan los salarios de tramitación de despidos improcedentes, por el tiempo que dure el juicio, salvo que el empresario decida la readmisión o se declare nulo. Se generaliza un despido barato, no sólo por pérdidas sino también por disminución de ingresos o ventas en 9 meses, aún obteniendo beneficios, de 20 días por año y un tope de un año de salario. Tras estas cifras frías, hay que reconocernos en personas que no sólo van a seguir yéndose al paro sino que lo harán con decenas de miles de euros menos de la indemnización que les correspondía. Con un salario bruto anual de 20.000 euros, a quien hubiera trabajado 10 años, la reforma laboral popular le quita 13.694 euros; a quien trabajó 20 años, 29.302 euros; a quien trabajó 30 años, 50.000 euros. Es un robo de derechos económicos y sociales adquiridos. Como especialmente grave es incluir las faltas de asistencia de 9 días intermitentes en 2 meses seguidos, incluso tan justificadas como enfermedades cortas certificadas por el médico de cabecera, en ese despido barato. Un hachazo directo a la protección pública de la salud de quienes trabajan.

Se privatiza, parcialmente, el Servicio Público de Empleo, cediendo funciones de agencias de colocación a las Empresas de Trabajo Temporal, las ETT, conocidas por su voracidad. Y que suponen que, en una misma empresa y desempeñando las mismas funciones, trabajadores y trabajadoras cobran menos de la mitad que el resto del personal vinculado directamente a la empresa, que no tiene que ceder esa parte de su salario a estos intermediarios de la subasta a la baja. La reforma no sólo acota estos excesos sino que las premia con nuevos campos de explotación.

Este planteamiento burdo, desequilibrado y abusivo se vende como la única solución a una hipotética creación de empleo futuro. Ni siquiera garantiza ese empleo sino sólo su posibilidad en tiempos de venidera bonanza. Para encomendarse a una utopía, prefiero que sea el Estado quien financie directamente la creación de cooperativas sociales o el que cree sus propias empresas y emplee con dignidad.