LA INTIMIDACIÓN COMO POLÍTICA

La brutalísima carga policial contra menores, ayer en Valencia, no es una acción aislada, ni una puntual salida de madre de unos señores con una profunda equivocación de su función profesional, sino expresión de un sentido patrimonial y excluyente de cómo se quiere gobernar un país. Cuando alguien se cree en posesión de la verdad, incluyendo sus matices, cualquier opinión contraria se percibe como una agresión. Y, como tal, debe ser tratada. La protesta pasa a ser calificada, incluso penalmente, como atentado. Y a quienes expresan una opinión contraria se les descalifica como poco menos que terroristas, aplicándoseles a esos detenidos las mismas condiciones de aislamiento previstas para casos muy-muy delimitados. También a mí me gustaría pensar que exagero. Pero, en pocas semanas, hemos visto como la policía entraba en la Universidad de Cádiz y en un Instituto de Valencia, para callar, a las bravas, protestas pacíficas, con el argumento (o argumentario, deberíamos decir mejor, porque tanta similitud parece sospechosa) de responder a supuestas agresiones que después no aparecen en ningún video, a pesar de que se incauta cualquier documento gráfico que pudiera aclarar lo que, en cada caso, realmente sucede. Sí vemos, en cambio, violencia, saña y enorme desproporción en quienes se encargan de darle forma contundente  a las órdenes que reciben. Al parecer, pedir que enciendan la calefacción en los institutos del mayor pudridero político de este país, la Comunidad Valenciana, ya es motivo suficiente para abrir unas cuantas cabezas.

Pero la represión, incluso tan indiscriminada, no sería suficiente como acción política desmovilizadora de la sociedad, si no se acompaña de otras formas de amedrentar. Se empieza con la descalificación. Ante el riesgo de que se reciba con simpatía a quienes ocuparon un Valcárcel abandonado por los intereses bastardos de la política más miserable, se les tacha simplemente de abertzales, como hizo ese Subdelegado que, para unas cosas, no estaba aún en el cargo, y para otras, se creyó completo el Crimen y Castigo que le pusieron por delante; ante las imágenes de niños y niñas apaleados que, de tan naturalistas hasta ofenden la sensibilidad caritativa de tantos votantes de ese mismo orden final, salta esa señoría a quien le parece “habitual” recibir costosos  regalos por su cargo municipal y despacha el asunto reduciendo el asunto a una cosa de radicales. Que, para ella, debe ser de lo peor que se puede ser. Sólo superada por quien mandó esa descarga de testosterona gangrenada, la todavía Subdelegada del Gobierno, para la que, por lo visto, meter el escudo en la garganta de una niña de doce años –radical, eso sí-, o provocar decenas de personas heridas es “una anécdota”. Es la misma estrategia de desprestigio ya empezada con los sindicatos, desde hace años, señalados como vagos y vividores de las subvenciones públicas. Aunque éstas sólo supongan, con datos de mediados del 2011, 15,7 millones de euros. Que es, por cierto, casi lo mismo que, en ese año, cobraron los curas que trabajan en instituciones públicas como hospitales, cárceles y el ejército, 15 millones. Y muy-muy lejos de los 600 millones pagados a los profesores de religión, o los 252 millones que recibió directamente la Iglesia Católica. Pero hay que acabar con el escándalo de los sindicatos y su abuso de horas liberadas, como nos repiten esas empresas privadas de prensa escrita y las televisiones privadas, que también reciben 360 millones de euros de dinero público.

Aporreados, calumniados, el siguiente paso intimidatorio es el empleo de la detención como castigo. En ninguno de los dos casos, ni en Cádiz ni en Valencia, se procedió a la inmediata puesta a disposición judicial, como parecía sugerir la envergadura de los supuestos delitos o el nulo peligro de fuga. En su lugar, los detenidos pasaron la noche y buena parte del día siguiente en calabozos de comisaría, una pena anticipada que ya nadie les quitará aunque un juzgado los declarase finalmente inocentes. Es muy extensa la jurisprudencia que protege contra los excesos de la prisión preventiva. Un ex juez tan poco sospechoso de progresista como Javier Gómez de Liaño denunciaba su mal uso como instrumento de venganza social. Es el paso que va de considerar a los ciudadanos críticos en enemigos, como dijo quien todavía es responsable de la seguridad de sus amigos y, al menos por su cargo, se supone que también de sus enemigos. Como clarísima intimidación es también la escandalosa noticia de que, en Valencia, se incautaran los partes de lesiones en un hospital. Esos datos de apaleados, información médica confidencial además, están ahora en manos de la misma policía a quien denuncian. Porque este círculo de amedrentamientos sólo puede cerrarse con la impunidad de quienes ejecutan esas órdenes. Sigue sin cumplirse, de forma bastante generalizada, la obligación de llevar la identificación pasiva bien visible, según el Real Decreto 1484/1987, “con la placa-emblema, con indicación del número de identificación personal, en el pecho, por encima del bolsillo superior derecho de la prenda de uniformidad”. Además, en el mismo Decreto, “llevarán obligatoriamente el carné profesional, que será exhibido cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos, con motivo de sus actuaciones policiales”. No sólo se incumple sino que, algunos detenidos manifiestan que esa detención se produjo sólo por pedir esa identificación. Como también es cierto que incumplir esa obligación de identificación pasiva y activa no se establece luego como falta disciplinaria en el Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, con rango de Ley Orgánica, nada menos. Permisividad, pues, del mismísimo Estado.

Sólo que, quizás, quiero creer que de tan exagerada sobreactuación va a ser que se equivoquen de estrategia. Y lo que pretende asustar y dejar en la resignación de sus vidas a la mayoría entregada, pueda tener un efecto contrario. Y haya más personas que vean detrás de los desconchones de esta democracia las injusticias que le asoman. Y las protestas sean entonces para acabar con todo este tinglado basado en la violencia.