LA FOSA COMÚN DE LA TRANSICIÓN

Lo peor de la transición política española es que no estableció un referente moral de lo que está bien y de lo que es intolerable. Cuando la oposición a la dictadura clamaba por una ruptura, que era una simple cuestión de justicia y, desde luego, de imprescindible higiene del poder, los continuadores de esa dictadura vendieron su propia supervivencia como una grandísima lección de generosidad. Para esa pantomima se presentaron como domesticadores de los salvajes que, más a su derecha  -decían- o en el seno de un ejército todavía del bando nacional, no estaban dispuestos a hacer concesiones. La izquierda timorata los aceptó como mal menor y, en el lote, todas las grandes instituciones surgidas de las faldas del mismísimo Franco quedaron, no sólo asumidas sino presentadas como llenas de gracia. Desde la Monarquía a la Judicatura, desde la guerra sucia de la Dirección General de Seguridad hasta la Unión de Centro Democrático, que les puso piso a todos e hizo funcionarios a los instructores de Falange y funcionarias a las niñas de la Sección Femenina. Pero lo peor, ya digo, es que nadie planteó siquiera una condena moral de lo que había sido una meticulosa política de exterminio del enemigo político, con asesinatos, cárceles, depuraciones que dejaron sin trabajo a disidentes o los condenaron al desolador exilio. A quienes, todavía hoy, aplauden esos métodos –desde el escenario de un concurso carnavalesco, que ya hay que ser imbécil para no entender donde está uno, o desde el puesto de pescados que tan ufano rebana cuellos de pescadillas, qué tiempos, bajo la advocación del santón generalísimo-, a esos y esas que añoran aquella mano dura, ya los querría ver justificar aquella política de los apolíticos, si les afectara en propia sangre. Si la democracia que tanto denostan los tratara como proponen para los demás.

Como no hubo condena, este país no se unió entonces en un proyecto común sino en la resignación. Y ya son muchos años de conformarse. Si una familia sólo reclama su derecho a encontrar a sus muertos y enterrarlos, aún sabiendo quien fue su verdugo, no falta quien, desde las derechas, lo acusa de reabrir viejas heridas. Pero no las reabre la familia que pone el nombre de su padre fascista, y rico ladrón por lo mismo, a un nuevo conjunto de edificios, construido en tierra municipal, con la aquiescencia de un régimen corrupto en esencia pero que, aún hoy, se permite dar credenciales de honestidad y se escandaliza de las corrupciones de los demás. Es intolerable, lo de los demás. Que diría Arenas. Ya han pasado treinta y siete años de que muerto el perro nos siga contagiando su rabia. El régimen se autoamnistió en su impunidad, aunque en las portadas de los periódicos, incluso progresistas –banderas victoriosas-, eran los rojos los que salían de las cárceles o regresaban de tierras lejanas donde dejaban para siempre hijos, hijas, media vida recompuesta. Se elaboró una Constitución de mínimos, que todavía celebramos con un festivo, incluyendo a aquellos personajes que hicieron todo lo posible por recortarla aún más; gente como Fraga que incluyó en el texto sus exigencias reaccionarias y sus amenazas de romper ese consenso del chantaje, y que, todavía hoy, en este enorme ejercicio de desmemoria y frivolidad, se sigue venerando como un padre más de la democracia, doctor honoris causa de la Universidad de Cádiz.

La memoria les molesta mucho. Se entierra a paletadas. De aquella corrupción generalizada vienen éstas. Todas. Se creó escuela y, además, nadie dijo que poner el Estado al servicio personal, política y económicamente, estuviera mal. Ni siquiera se dijo que estaba feo, en aquella gran fosa séptica de la reconciliación nacional. Habla pueblo, habla. Ya nadie se acuerda de que, en 1990, todo el país pudo oír unas cintas donde diversos cargos políticos del Partido Popular admitían la financiación ilegal del partido y, de paso, su propia rebañadura. Se detuvo al tesorero del PP Eugenio Naseiro. En una de esas cintas, el entonces presidente de la Diputación valenciana admitía, hablando con Zaplana, que “estaba en política para forrarse”. Las cintas las anuló el Tribunal Supremo al considerar que estas “habían vulnerado derechos fundamentales”, denostando al juez que sacó el caso, Manglana. Uno de los implicados llegó a presentarse como paciente del psiquiatra López-Ibor, para señalar al juez como un desalmado que presiona a un testigo hasta un extremo intolerable. Ya entonces Federico Trillo llevaba la asesoría legal del Partido. El mismo Zaplana siguió, después, su personal calvario: de presidente de la Generalitat valenciana a ministro de España y, de ahí, a Delegado para Europa de la multinacional española Telefónica, privatizada por Aznar, con un sueldo de 600.000 euros anuales. Su nombre ha sonado como nuevo imparcial director de la televisión pública. Pero lo ha negado. Pagan poco. A quien le siguió en la autonomía valenciana, Camps, le hemos oído agradecer regalos a los mismos que después ganaban sus concursos, pero un jurado popular ya nos ha convencido de que no hemos oído lo que hemos oído. Les das un móvil y se creen que están en la función de fin de curso representando Alí Babá en la cueva de Lehman Brothers. Representando, he dicho. Su abogado es Javier Boix, el mismo prestigioso penalista que consiguió anular las cintas del caso Naseiro.

Ahora, una sentencia del mismo Tribunal Supremo condena al juez Garzón que instruía otro caso de corrupción del Partido Popular. Como la sentencia declara ilegal las escuchas, pronto se anularán las cintas que todo el país hemos escuchado y les saldrá gratis el botín robado. El asesor jurídico del Partido Popular sigue siendo Trillo, al que ni siquiera citaron como testigo en el juicio del caso Yakovlev, a pesar de que intervinientes en el juicio lo señalaron como quien dio orden de que se dieran prisa en las identificaciones de los cadáveres. Y todo este escándalo estalla en los mismos días, qué sarcasmo, que se declara la barra libre del despido. Mandar más gente al paro para acabar con el paro. Ya ni se molestan en ponerle un poco de literatura edulcorada a sus negocios.

Diez años después, 2001, y lo cuento a efectos puramente cronológicos, líbreme el cielo de hacer una correlación causa-efecto, se modificó el sistema de elección del Consejo del Poder Judicial. Desde entonces fueron las asociaciones profesionales quienes proponían a sus candidatos y, entre ellos, el Parlamento escogía a los doce jueces y magistrados. Con mayoría absoluta, el Partido Popular escogió una mayoría equivalente en ese Poder Judicial que, al acabar su mandato, con las elecciones perdidas, se negó a renovar. En ese tiempo, la inmensa mayoría de los nombramientos de ese Poder Independiente del Estado, desde Montesquieu, (los magistrados del Supremo, los presidentes de Tribunales de Justicia autonómicos y los jefes de las distintas salas de la Audiencia Nacional), fueron candidatos conservadores. En la importante Sala Segunda del Supremo, que juzga a políticos y jueces relevantes, entre 1996 y 2004, en las dos legislaturas de Aznar, de los once nombramientos realizados ocho magistrados son conservadores. En esos años, Trillo siguió llevando la estrategia legal del PP, compatibilizándolo con un cargo institucional, primero como presidente del Congreso y después como ministro de Defensa.

El nuevo ministro popular de Justicia acaba de anunciar una reforma para volver al viejo modelo de nombramientos de jueces. Para acabar con la politización de la justicia.