EL PAGO DEL IBI POR LA IGLESIA CATÓLICA

En su reciente conferencia en Cádiz, el cardenal Rouco Varela, respondió a la creciente petición del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles por la Iglesia Católica con una perogrullada, que ha merecido no obstante el titular de un diario local: ese pago impediría otros gastos. Naturalmente. Es lo que le ocurre a cualquier persona, empresa o asociación que paga impuestos: que no puede gastarse ese dinero en otras cosas, seguramente más apetecibles para su interés particular, una vez obviado el uso social que deberían tener todos los impuestos. Para defender su respuesta se apoyó en dos inexactitudes (para calificarlas de mentiras tendría que hacer un ejercicio de presunción de la intención de engañarnos del cardenal, lo que sería contrario a sus propios Mandamientos y a la moral que publicita). La primera es que la Iglesia Católica está exenta del IBI como lo están otras asociaciones sin ánimo de lucro (cierto), y también Partidos y Sindicatos. En realidad, éstos últimos están exonerados de pagar el impuesto de Sociedades (como la misma Iglesia) pero pagan, permítanme decir que religiosamente, el IBI por todos y cada uno de sus edificios obligados a ello. La otra inexactitud es que, si se les exigiera hacer ese pago, se reducirían los fondos para la función social que realiza Cáritas.

No voy a cuestionar que Cáritas realiza, ciertamente, una muy importante labor de socorro a muchas personas desfavorecidas. No desinteresada –como suele decirse-, sino con un interés, por supuesto legítimo, en propagar los propios valores ideológicos del catolicismo. Lo dice la misma organización en su última Memoria 2010, al presentar sus fines: “su acción debe siempre salvaguardar y promover los valores que la doctrina social de la Iglesia presenta como fundamentales”. Personalmente creo que esa labor de socorro, a estas alturas de la Historia, debería ser realizada por la justicia del Estado y no con un sentido de caridad sino de solidaridad social. Se ha intentado con las políticas de ayuda a la dependencia que, al casi eliminarse por este gobierno popular, dejan esa ayuda otra vez en manos de la buena voluntad de los entornos cercanos a las víctimas de la especulación económica. Pero, decía que es una inexactitud enorme afirmar que el dinero que se tuviera que gastar la Iglesia en pagar el IBI implicaría menos dinero para Cáritas. Sencillamente porque la Iglesia Católica, como institución, apenas aporta dinero a Cáritas. Según algunos datos, menos del 2 % de sus ingresos.

Según la citada Memoria 2010, Cáritas se financia en un porcentaje del 64,89 %, con fondos privados, en su gran mayoría de donantes particulares, socios y colectas en parroquias y colegios; además de aportaciones de empresas privadas, legados y beneficios financieros. El restante 35,1 % proviene de fondos públicos, como receptora de subvenciones y por la ejecución de proyectos nacionales e internacionales; por orden decreciente de aportaciones, desde Comunidades Autónomas, Administración Central, Ayuntamientos y Unión Europea. Un presupuesto total de 247,53 millones, en los que no se detalla ninguna aportación de fondos propios de las diócesis a las que están adscritas.

Como suele ocurrir se confunde, ante la opinión pública, la financiación de las distintas actividades de la Iglesia. Aunque la campaña de promoción de la X en la casilla de “Sostenimiento de la Iglesia Católica” se centra en su función de asistencia social (con el ejemplo señero de Cáritas) o educativa y sanitaria, esa casilla concreta financia exclusivamente los sueldos de sacerdotes y el sostenimiento de cultos. Del ejercicio de 2010, se le entregaron 249 millones de esa casilla de IRPF, apenas el 2.5 % del total que recibió la Iglesia ese año, 10.000 millones, en el que están recompensadas sus otras actividades.

En esa financiación resulta llamativa la aportación que el Estado hace a Cáritas procedente de la cuota destinada por las personas que, desde 1987, y siendo siempre la mayoría de contribuyentes, marcan la casilla «Otros fines de interés social» en su declaración de la renta (IRPF). En el pasado 2011, de los 207,5 millones que se repartieron de lo recaudado por esa casilla, Cáritas obtuvo algo más de 20 millones, el diez por ciento del total. Hasta 40 organismos de la Iglesia Católica, que actúan como ONG sociales, reciben fondos también desde esta casilla. Que sean la imagen principal de sus anuncios debería tacharse de publicidad engañosa, pues si lo que se quiere es fomentar esta labor social católica lo adecuado sería pedir que se señale antes esta casilla, o en todo caso, ambas. Porque, tal como se presenta, quien marque sólo la de la Iglesia estaría, ahora sí, retrayendo fondos a Cáritas para su ayuda social. Esta contradicción plantea la chapuza, con apariencia de falso progreso laicista, que supuso la inclusión de ambas casillas. Una y otra no suponen una aportación voluntaria al sostenimiento de las propias creencias, religiosas o éticas, sino extraer del debate democrático de los Presupuestos esos fondos, cuyo uso (¿por qué no social o de cooperación al desarrollo?) no los decide el Estado sino entidades privadas.

Como se ve, que se reduzcan las entidades que están exentas de pagar el IBI (la Iglesia Católica y también la mayoría de las demás) no implica, por sí mismo, una reducción de la actividad social de la Iglesia, aunque se reciba con amenazas. Se trata de repartir la solidaridad de los gastos del bienestar ciudadano según la riqueza de personas e instituciones. Asumiendo el Estado la parte que, en esa ayuda social, le corresponde gestionar. Tampoco se busquen cruzadas de persecución antirreligiosa. En el origen de este debate está la Unión Europea, con una tradición de siglos de separación de Estado y creencias personales. Desde 1989 la Comisión Europea viene denunciando los “privilegios” de la financiación católica en España. El inicio de un procedimiento de denuncia ante el Tribunal de Justicia de la U.E. provocó, en el 2006, un acuerdo por el que la Iglesia asumía el pago del IVA en sus operaciones comerciales. Iniciándose un proceso de normalización igualitaria en el pago de impuestos. Por cierto, la conferencia de Rouco Varela en Cádiz versó sobre la separación de Iglesia y Estado.