DIVIDIR LA RESPUESTA TRABAJADORA

Una estrategia elemental ante cualquier conflicto es dividir al enemigo. El reciente Decreto-Ley de expolio de derechos, cínicamente titulado como de “medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”, saquea, en apartados específicamente distintos a quienes trabajan en empleos públicos y a quienes no tienen trabajo. A la totalidad le aplica un aumento generalizado de impuestos directos al consumo, pagando lo mismo quien mucho tiene que quien tiene poco, siendo este gravamen la única política igualitaria que se permiten. Los hachazos son tan grandes y afectan tanto a la vida privada de cada cual que han conseguido, en muchos casos, lo que perseguían: que la respuesta fuera dividida y sectorial. Echo de menos en muchas de las justificadísimas protestas de quienes trabajan en el sector público un recuerdo solidario al robo económico que también sufren paradas y parados en el mismo Decreto-Ley, un diez por ciento menos a partir del séptimo mes de prestación que, según cálculos del diario económico Cinco Días, suponen una pérdida media anual de 1800 euros frente a los también brutales 1500 euros anuales que pierden quienes trabajan en lo público. Como echo en falta esa misma empatía de quienes trabajan en empresas privadas con funcionarios y funcionarias que, desde 1992, han perdido un 34.42 % de poder adquisitivo. Un tercio de sus sueldos. O también que alguien se acuerde del pequeño comercio, condenado a muerte lenta con la liberalización de festivos -que les deja sin descanso- y de rebajas, ahora a la entera voluntad de asfixia económica de las grandes cadenas, que tendrán la insensible complicidad de muchos compradores, trabajadores y trabajadoras, a su vez, en lo público y en lo privado. Pero esa insolidaridad es lo que busca algunas medidas de ese ómnibus legislativo, enfrentar entre sí a quienes viven, o quisieran vivir, de su trabajo, exhibiendo supuestos agravios comparativos. Sin escatimar tampoco expresiones hirientes, como decir que ese hurto permite “impulsar la activación de los desempleados incentivando el pronto retorno a la ocupación”. Con lo que muestran a quienes están en paro como, poco menos, que parásitos de quienes trabajan, viviendo del subsidio. Ya lo ha dicho el presidente de la Diputación de Cádiz, el popular Loaiza: los parados no empiezan a buscar trabajo hasta que se les acaba la prestación. En el otro lado de la norma, presentan a quienes trabajan en el sector público como privilegiados que tienen un trabajo vitalicio frente a la inestabilidad del sector privado.

La reducción de días de asuntos propios y de los logrados -muy importante, en negociación colectiva- por antigüedad, no suponen el más mínimo ahorro, a pesar de que así se justifica la medida. Quitarlos no ahorra nada, simplemente porque nunca se contrata a nadie para que los sustituya en esos días, asumiendo ese trabajo el resto del personal que ya esté trabajando. Días que están sometidos a las necesidades del servicio, condicionado su uso a no perturbar el servicio público. Si se reducen ahora es sólo para presentar a quienes trabajan en lo público como privilegiados que disfrutan de más días de vacaciones que el resto. Se busca aumentar una antipatía de raigambre histórica. El funcionariado, al que pertenezco, aún despierta en la mayoría un extendido imaginario de pereza, indolencia, incapacidad y privilegios. Esta imagen, labrada desde ese Larra que denunciaba los frecuentes vuelva usted mañana, fue cierta cuando quienes trabajaban en lo público no accedían por méritos propios al puesto sino por afinidad política o recomendación directa. La condición de inamovibles en su empleo se impuso, desde su origen histórico, como una fórmula para evitar los funcionarios de partido, que cesaban y se nombraban según quien ganase las elecciones, sometidos siempre a las presiones e intereses de esos mismos partidos. Esa fijeza es también una garantía para el resto de la ciudadanía de que van a ser tratados en igualdad, cualquiera que sea su ideología o condición económica. Pero es verdad que sigue habiendo aún malos –muchos o pocos- funcionarios concretos, y las malas experiencias que hayamos tenido con ellos acrecientan ese sambenito. Las oposiciones cribaron generaciones nuevas de funcionarias y funcionarios que no son ni peores ni mejores personas que la sociedad de donde procedemos. Lo que de bueno o malo hay en la sociedad se mantiene en este colectivo, no muy distinto a los demás en actitudes y capacidades de trabajo. Cualquiera conoce, en su entorno, ejemplos de lo mismo que se le critica al funcionariado en su conjunto. No hay dos categorías de trabajo, según quien emplee. Como no se puede hablar de unas mismas condiciones de trabajo o sueldo, ni dentro de la función pública ni en ninguno de los sectores del empleo privado.

Pero el gobierno vende esa percepción de privilegios y de derechos distintos. Esas contrapartidas, económicas y en especie, son fruto de negociaciones colectivas. Hay que entenderlas en su conjunto. Esos días no laborables se dieron en compensación a no poder – o no querer- adecuar los salarios públicos al IPC, como en otros convenios se compensan festivos trabajados, se complementan sueldos con ayudas sociales o se cobran incentivos por beneficios. De hecho, lo que suponen estas medidas es la derogación de la negociación colectiva. Aunque sea inconstitucional: una norma con rango de ley cambiando una ley orgánica, como el Estatuto de los Trabajadores; que viola el principio de igualdad; que ha omitido la obligada participación social en cambios de legislación laboral; que es una norma fiscal disfrazada de estatutaria; que no justifica su urgencia ni el principio de “confianza legítima”, básica para la seguridad jurídica de derechos adquiridos. Aunque no parece muy sólido acogerse, a estas alturas, a la protección de una Constitución convertida en papel mojado, desde que la soberanía ya no reside en el pueblo sino en lo que ordenan desde la metrópoli alemana. Para quienes aún piensen que este es un problema exclusivo del funcionariado deberían leerse esa parte del Decreto Ley que posibilita la modificación o suspensión de todos –absolutamente todos- los convenios colectivos y acuerdos, cuando ocurra en el país “una alteración sustancial de las condiciones económicas”. Es decir, permite cambiar las condiciones pactadas de sueldo y trabajo. Y, por si hay dudas, es este mismo gobierno el que decide cuándo estará la cosa tan mal que habrá que suprimir todos los derechos de quienes aún trabajen. Clarito, vaya.

Manuel J. Ruiz Torres