Si en algo ha sido especialmente habilidosa la alcaldesa de Cádiz es en mantener su propia imagen. Pero ha perdido el sosiego desde que su nombre apareció, el 1 de febrero, en un apunte de la supuesta contabilidad paralela llevada por el extesorero de su partido. Está en su derecho a negarle, con llantinas, autenticidad a esos papeles y en el de convencernos que quien escribiera su nombre, el 29 de abril de 2003, era el maquiavelo amanuense de “una estrategia despiadada” para dañar su imagen y la de su partido. Es un caso ya en los juzgados y esperaremos a ver cómo se resuelve. Lo que ahora me preocupa es que creo que ese nerviosismo personal está afectando la tranquilidad de Cádiz. Sólo esa merma de la necesaria serenidad para gobernar puede explicar que la alcaldesa haya perdido el sentido de la realidad gaditana y de la libertad que aquí significa el Carnaval, tanto en el registro de pancartas y la identificación de una chirigota crítica con su partido, en pleno concurso oficial del Falla, como con la desproporcionada actuación policial para clausurar, por las bravas, el pasado Carnaval Chiquito.
El Carnaval de Los Jartibles se celebra en Cádiz desde 1985, con absoluta normalidad y aceptación creciente. Por definición, una chirigota ilegal (que la gente de orden se empeña en llamar callejeras, como si el continente fuera más importante que el contenido) no se somete a ninguna censura previa ni, en lo honestamente posible, autocensura alguna, ni depende de subvención pública, ni es un negocio que pueda traspasarse de dueño si fuera rentable. Eso las sitúa fuera del mercado, justo en el lugar donde estamos la mayoría. Entiendo que la alcaldesa prefiera la orfebrería cantada de quienes sólo ven la plata en la ciudad envejecida, desempleada y de creciente despoblación en que se está convirtiendo Cádiz. Para ese gusto interesado, de piropo ideológico, se programa todo lo oficial. Lo que queda fuera, lo que está contra ese orden de verdad única, es la ilegal. Que ha terminado en refugio de esa legitimidad histórica del humor crítico, ingenioso, desmesurado y sin concesiones, que siempre ha sido el Carnaval gaditano. No por casualidad, siempre prohibido también en cada ventolera autoritaria. Supongo que la misma poca gracia han debido de hacerle, todos estos años, esas letrillas que la ponen vestida de ella misma. Pero fuera por prudencia política, fuera por no transfigurarse en intolerante ante sus fieles, a las ilegales sólo las ignoraba o se ha venido negando a cortar el tráfico en las calles donde actúan. Este año de nervios, no.
Si el argumento es que hay que aplicar la normativa de ruidos como si fuera un día ordinario más, está diciendo que, para la alcaldesa de esta ciudad que vive ya casi exclusivamente del turismo, el Carnaval Chiquito no merece excepción alguna, al ser otro día corriente. De días corrientes están llenas las tumbas de la hostelería gaditana. Y tan preocupante como este anteponer la inmaculada imagen propia al interés de buena parte de la ciudad, es que esta falta de prudencia se lleve por delante las libertades individuales en Cádiz. Salvo un no declarado estado de sitio, no es delito estar en la calle, ni tampoco lo sería cantar, para quienes quieren limitar todo este asunto a una cuestión de orden público. El propio parte policial, exhibido como auto de fe de verdad absoluta de los hechos, tiene una redacción literaria tan elaborada que a las chirigotas las llama “grupo de cuatro personas con una guitarra y bombo cantando una copla de carnaval". Lo que es no querer enterarse. Si quienes tienen que mantener la seguridad, por falta de tacto o de profesionalidad, convierten lo que era una supuesta molestia en una supuesta falta, y ésta crece hasta un supuesto delito de atentado, es que ese orden público no está bien garantizado. Es el sentido de la proporción. No sólo de los medios empleados según la coyuntura o la conveniencia, sino también entendiendo la oportunidad de lo que se hace y la dimensión de la respuesta. Cádiz se convertiría en una ciudad con sus libertades suspendidas y sin seguridad jurídica alguna si, a partir de ahora, cualquier incidente, incordio o queja ciudadana la solventa la autoridad a golpes y con denuncias de prisión. Pero me temo lo peor. Ayer mismo anunciaba el Ayuntamiento un nuevo plan de “control policial” en materias de su competencia. O la novedad consiste en que hasta ahora no se custodiaban adecuadamente, o lo que anuncia son nuevos métodos de vigilancia. En la debilidad, mostrar autoridad.
Manuel J. Ruiz Torres
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